Juan Antonio Magallán
Morelia, Michoacán.- Los servidores públicos se mueven a través de “cálculos políticos” para ostentar su siguiente cargo. La tradición política de México (de la cual Michoacán no es excepción) indica que no hay recaudación clara y precisa de impuestos porque se piensa en el siguiente cargo, situación que produce claros actos de corrupción, opinó José Luis López Salgado, titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM).
López Salgado participó en el Panel “Retos del Sistema Estatal Anticorrupción desde la Perspectiva Pública”, enmarcado en el Foro Empresarial Anticorrupción 2017.
El Auditor Superior de Michoacán externó que “el escalafón” político de los servidores públicos no permite cimentar políticas públicas que ayuden a resarcir daños por corrupción, ya que todos piensan “en su siguiente movida política”, antes que generar el bien común.
En tanto, el titular de la ASM apuntó que la deuda pública de Michoacán ha sido resultado de la exageración de entrega de recursos extraordinarios a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), cuyos boquete financiero supera los 38 mil millones de pesos.
“En los últimos doce años, el Congreso del Estado aprueba presupuestos para las dos dependencias, pero siempre sale el Ejecutivo por complacencia a salir al rescate, en ambas dependencias se abren nuevas plazas, que no son reconocidas. Tan solo la SEE trae un déficit de 38 mil millones de pesos, con un boquete financiero en Michoacán de 40 mil millones, es decir el monto de la deuda bancaria y a prestadores y proveedores de servicios”, explicó.
Bajo la óptica del auditor, esos son los dos casos observables más señalados que son resultado de cadenas corruptas. Sin embargo, aseguró que la corrupción se da desde el nivel federal al otorgar recursos estratosféricos a algunos partidos políticos, sin que ese dinero se regularice, tal es el caso de los Centros de Desarrollo Infantil.
“La federación da dinero en cantidades estratosféricas a organizaciones y partidos. Por ejemplo hay un subsidio de 88 millones de pesos para los Centros de Desarrollo Infantil, y el convenio establece subsidios extraordinarios no regularizados, es decir, cualquiera se los puede echar a la bolsa y no pasa nada”, expuso.
En ese orden de ideas, el titular de la ASM también criticó que otro de los elementos que alimentan la corrupción en México estriba en que no hay sanciones ni elementos objetivos para auditar la Cuenta Pública de forma concurrente, toda vez que no se presentan los informes trimestrales en tiempo y forma.
“No hay elementos para auditor la Cuenta Pública, porque nadie entrega a tiempo sus informes de cada tres meses y no hay sanciones al respecto”, añadió.
