Sería ingenuo llamarse sorprendido por el caso de las anticonstitucionales y deleznables intervenciones telefónicas y labores de probable espionaje que el gobierno mexicano ejerce sobre activistas, ONG, organizaciones sociales, periodistas y, hay que decirlo, también empresarios y partidos políticos; es absurdo pensar o creer que esta práctica es exclusiva de Enrique Peña Nieto.
Por hacer corta memoria, lo han hecho Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón; sin duda, ha sido también práctica indebida de ex gobernadores y gobernadores en funciones. ¿O de dónde creen que salen las grabaciones y vídeos que se filtran a los medios y redes sociales y con los que todos nos damos gusto a la hora de difundirlas y comentarlas?
Así es lector, lectora: conversaciones y actividades espiadas van y vienen -no sólo en México, por cierto- que no son más, en su inmensa mayoría, que producto de la intervención de los gobiernos y sus agencias llamadas de “inteligencia” y de “seguridad nacional y de las instituciones”.
Dicho lo anterior -que no se entienda como justificación, ¡por favor!-, el gobierno de Peña y sus agencias se metieron en un verdadero problema: por primera vez, por lo menos en nuestro país, se estaría documentando el ejercicio indebido de la tecnología y los servicios “de inteligencia”, en un caso de invasión a la privacidad de particulares, de derecho internacional y que involucra a una empresa extranjera (la israelí NSO Group) que bien incluso podría pedir cuentas al gobierno mexicano.
Internamente, además, nada le favorece. Sencillamente, la investigación acreditada por un laboratorio de la Universidad de Toronto y que hizo pública The New York Times sobre el probable espionaje a periodistas, activistas, ONG y abogados pone en entredicho todo el discurso oficial sobre el combate a la corrupción, la defensa de los derechos humanos, el respeto al estado de derecho y, últimamente, de respaldo a la libertad de expresión y garantías al ejercicio periodístico.
Resulta ramplón, por lo mismo, el comunicado que emitió ayer Los Pinos para intentar desmentir lo publicado. “No hay pruebas”, dicen lacónicos los voceros de la Presidencia.
¡Noooo! Pues si a las pruebas nos remitimos, la historia, antecedentes, grabaciones telefónicas y vídeos difundidos hace apenas unas semanas en medios informativos convencionales y redes sociales no les favorecen. !Estarían fritos!
¿Que parte no están entendiendo en la casa presidencial y en la Secretaría de Gobernación?
Aquí se queda… ¡aquí entre nos!
