Presuntas víctimas de extorsión de Selene Vázquez y funcionarios de CEEAV piden auxilio a CEDH

Alejandro Amado

Morelia, Michoacán.- Habitantes de La Chuta, municipio de Lázaro Cárdenas, interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en contra de dos funcionarios de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV) por abusos de poder constitutivos de varios delitos, y también en contra de su titular, Selene Vázquez Alatorre, por el presunto encubrimiento de los funcionarios.

Y es que en la demanda que previamente interpusieron en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), los habitantes de La Chuta narran que 12 familias llegaron a vivir a ese predio del municipio de Lázaro Cárdenas con permiso de quien era ejidatario titular. Sin embargo, en el año 2010 personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) llegó al lugar manifestando que realizaría trabajos en la carretera Lázaro Cárdenas-Manzanillo, situación que conllevaría reubicarlos. Les prometieron terrenos para reubicar sus viviendas, incluso apoyos para la construcción de las mismas, cosa que nunca ocurrió. De ello presentaron un documento con firmas de los entonces funcionarios.

Pasaron los años y no hubo obras, y siguieron viviendo en la zona sin problema alguno hasta que en diciembre de 2015 se cumplimentó una orden de aprehensión contra cinco habitantes de La Chuta, esto de acuerdo a la Causa Penal 117/2014, bajo la acusación de un probable delito de uso y aprovechamiento de un bien propiedad de la nación.

Los habitantes consultados en la sede de la CEDH afirman que sus viviendas están construidas sobre terrenos comunales y no en propiedad federal. Sin embargo, tras la aprehensión de cinco habitantes y el respectivo pago de la caución que les permitió llevar el proceso en libertad, optaron por abandonar el predio de forma voluntaria en septiembre de 2016. La SCT, través de su representante legal, Salvador Pérez Alcaraz, les concedió el perdón legal que actualmente se encuentra en trámite, según refieren.

Funcionarios de la CEEAV ‘aprovecharon’ la situación

Fue en ese contexto que en marzo de 2016 se apersonaron elementos de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas  (CEEAV) al lugar donde fueron reubicados César Reyes Carbajal y Juan Antonio García Alvez, a quienes les prometieron sacarlos del asunto legal que aún sostenían, pues acudían a firmar cada quincena como parte de las medidas cautelares.

La mayoría de los habitantes son adultos mayores que no saben leer ni escribir, situación que, según los denunciantes, aprovecharon los funcionarios de la CEEAV, quienes tras varias visitas y una vez que se ganaron la confianza, citaron a los habitantes de La Chuta en las instalaciones de la CEEAV Lázaro Cárdenas, ubicadas en José María Morelos 283 colonia Centro. Cabe destacar que Juan Antonio García Alvez tiene un despacho al lado de las oficinas de la CEEAV.

Ahí, siguiendo la versión de los querellantes, Reyes Carbajal y García Alvez habrían prometido que absolverían a los involucrados y que incluso les quitarían los antecedentes penales a siete habitantes a quienes aún no se aplicaban las órdenes de aprehensión. Incluso supuestamente fueron más allá al asegurarles que ya no era necesario que fueran a firmar ya que habrían afirmado conocer al secretario de Acuerdos del Juzgado. Pero el apoyo no habría sido gratuito, pues según ellos les solicitaron en un inicio 300 mil pesos, cantidad imposible de reunir para personas de escasos recursos.

Ante ello, Reyes Carbajal y García Alvez habrían bajado la ‘cuota’ a la suma de 65 mil pesos, pero aun así fue imposible de reunir; los habitantes de La Chuta sólo lograron reunir 43 mil pesos, endeudándose varios de ellos. Según refieren los habitantes, la entrega del dinero se realizó en las instalaciones de la CEEAV en septiembre pasado, y les habrían prometido que en 15 días resolverían su situación. Llegó noviembre y, afirman, los buscaron, pero los funcionarios les dijeron que no les devolverían el dinero y “que mejor ni le movieran porque algunos tenían órdenes de aprehensión pendientes”, según denuncian.

Tras la asesoría de un abogado particular, según refieren los habitantes, descubrieron que fueron extorsionados, pues ni si quiera tenían calidad de víctimas sino de indiciados y se enteraron de que la CEEAV no cobra por las asesorías que brinda. Al verificar en el Juzgado Quinto de Distrito, con sede en Uruapan, sobre las gestiones de Reyes y García, descubrieron que no habían realizado trámite alguno y que los imputados debían presentarse a firmar inmediatamente pues tenían meses sin hacerlo por instrucciones de los funcionarios de la CEEAV.

Tras los hechos, Prudencio, un representante de los habitantes de La Chuta, viajó a Morelia para hacer del conocimiento de la comisionada presidente de la CEEAV, Selene Vázquez Alatorre, del comportamiento de sus subalternos. Prudencio afirmó sentirse muy sorprendido cuando la titular de la CEEAV le dijera que estaba al tanto de las acciones de sus funcionarios, que no les iban a devolver el dinero y que si continuaban con las denuncias los meterían a la cárcel.

Los habitantes de La Chuta refieren tener un audio como prueba de la extorsión de la que, presumen, fueron víctimas por parte de funcionarios de una Comisión que surgió, paradójicamente, con el objetivo de proteger a las víctimas del delito.

Así, las denuncias que tienen ante la Procuraduría van por extorsión agravada, cohecho y usurpación de funciones contra César Reyes Carbajal, extorsión agravada y cohecho contra Juan Antonio García Alvez, y encubrimiento, intimidación, extorsión agravada y cohecho en contra de la titular de la CEAAV, Selene Vázquez Alatorre.

Los nombres de los involucrados fueron omitidos a petición expresa, pues manifiestan tener temor a represalias por parte de los funcionarios de la CEEAV.

Denuncia Penal, atorada

El 8 de diciembre de 2016 los agraviados presentaron cada uno su denuncia sobre la supuesta extorsión por parte de los funcionarios de la CEEAV y el presunto encubrimiento de su titular, Selene Vázquez. Sin embargo, al inquirir a las autoridades sobre el estado de las denuncias, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó a primeraplananoticias.mx que el proceso ha llegado a un impasse toda vez que se requiere que los denunciantes comparezcan a hacer sus declaraciones respectivas, y estos no lo han hecho en muchos casos por temor, pero en otros porque se encuentran requeridos por los procesos penales federales que se les siguen, por presunto aprovechamiento de un bien propiedad de la nación, como se indicó anteriormente.

La titular de la CEEAV, Selene Vázquez, asegura desconocer completamente de la existencia de esta demanda, aunque reconoció conocer el caso y haber investigado entre su personal “a profundidad”. Sin embargo, no ha informado sobre los resultados de esa investigación, solamente que una de las personas señaladas de extorsión fue separada de su cargo en enero de este año, pero por cuestiones ajenas a esta causa penal.