Magistrados y consejeros del Poder Judicial de Michoacán que cobran -del erario público- 112 mil 500 pesos ¿no son sujetos del escrutinio y la crítica? ¿Acaso no están obligados a la transparencia y la rendición de cuentas?
A ver a ver, ganan más que el gobernador del estado (94 mil 238 pesos) reciben buenas cantidades extraordinarias para viáticos, gastos de representación y hospedaje, ¿y no pueden ser observados?
El poder Judicial no es omnímodo; sus integrantes son servidores públicos
Los magistrados, consejeros y jueces no deberían hacer oídos sordos a las críticas que se les hacen sobre su actuación; lo que ha dicho el gobernador Silvano Aureoles sobre los tecnicismos y argumentos jurídicos que luego presentan para dejar en libertad a delincuentes acusados de delitos de alto impacto, no es nuevo y su extrema -a veces- interpretación jurídica de los hechos que se denuncian, investigan y se presentan para ser juzgados no siempre responden al interés de la víctima ni al interés colectivo.
Podrán argumentarse mil cosas sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio; podrán alegarse errores en las carpetas de investigación, y podrán esgrimirse mil y una razones, pero el que caso es que los integrantes del Poder Judicial son también servidores públicos, que cobran -y muy bien- de los impuestos de todos y que, por lo mismo, son y están obligados a ser sujetos del escrutinio ciudadano.
No se trata, tampoco, de un poder omnímodo y ajeno a las exigencias de transparencia y la rendición de cuentas.
En tal sentido, y así como se demanda mayor profesionalización en las indagatorias del Ministerio Público y la especialización de sus agentes, debe ser la misma exigencia para los responsables de la impartición de justicia, de los que también se esperaría el mismo mismo grado de profesionalización y de especialización.
¿Qué tanto invierte en Poder Judicial de Michoacán en esa capacitación y especialización de su personal?
La información que nos allegamos en esta columna, nos hace pensar que privilegian otros rubros por encima de la profesionalización. Y lo peor es que esos rubros son tan superfluos como los viáticos y hospedajes de magistrados y consejeros.
La desproporción en el gasto
De acuerdo con la información oficial de que se dispone, el año pasado, se destinaron 107 mil pesos sólo para cubrir viáticos y hospedaje de magistrados y consejeros que acudieron a los actos por el aniversario de luctuoso de los Mártires de Uruapan y el aniversario de la Expedición y Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad en Apatzingán.
Si, como lo oye, ¡107 mil pesos en viáticos y hospedajes solo por dos actos!
Otro ejemplo de esa desproporción: mientras un consejero recibe mil 800 pesos por una visita a un juzgado de Pátzcuaro, una persona que se encarga de audiencias en Zitácuaro y Uruapan durante doce días apenas le asignan 5 mil 153 pesos
Más: un magistrado que viaja a Zamora para asistir en representación del Poder Judicial a un informe de una diputada, viaja con mil 900 pesos para sus gastos, pero una persona encargada de impartir capacitación en materia familiar, civil y mercantil al personal de juzgados de Uruapan durante seis días, únicamente se le asignan 2 mil 400 pesos.
¿Y los 31 mil pesos que nomás por concepto de viáticos dispuso en el último trimestre de 2016 el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Marco Antonio Flores Negrete?
Aquí se queda… ¡Aquí entre nos!
