Juan Antonio Magallán
Morelia, Michoacán.- Las personas que asesoran al Gobernador de Michoacán y le pasan información no conocen los procedimientos del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP). Por ende, al estar “mal informado” el gobernador Aureoles Conejo descalificó el quehacer de los jueces del Poder Judicial, opinó Ramón Sánchez Magaña, magistrado de oralidad de la región Zamora.
En entrevista, el juez michoacano expresó que los señalamientos de Aureoles Conejo del pasado siete de junio (en los que dijo que los jueces del Poder Judicial “viven en otro mundo” y que el NSJP requiere de mecanismos que permitan crear condenas a los delincuentes, ya que los jueces los dejan libres) carecen de sustento, ya que las determinaciones de los jueces se toman en base a tres criterios: información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Agencia del Ministerio Público y la defensa del acusado.
En base a ello, explicó, se reconocen las contradicciones y se genera (o no) una vinculación a proceso.
Las declaraciones de Aureoles Conejo se emitieron luego de que el juez citado liberara a un presunto delincuente que opera en la región Zamora; sin embargo, Sánchez Magaña explicó que el proceso del imputado carecía de sustento por lo cual salió en libertad.
“No liberamos a la gente porque sí; en el caso de la persona que se refiere, no pudimos justificar su detención porque no hubo actos de prueba idóneos”, señaló.
El juez señaló que a él nunca se le informó que el imputado era presunto “jefe de plaza” de un cartel delincuencial que opera en Michoacán.
“Esa información jamás me fue proporcionada, esa persona no traía armas, no se me dijo que era jefe de plaza, ni que estaba relacionado con ataques de incendios de autopista, esa información no me fue proporcionada, la fiscalía como orden de aprehensión en ningún momento puntualizó eso, de hecho la orden de aprehensión contra él era por lesiones”, añadió.
En síntesis, el magistrado opinó que el Gobernador fue “mal informado” sobre el proceso que llevó a la liberación de la persona que había sido remitida por la PGJE.
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