Eduardo Pérez Arroyo
Morelia, Michoacán.- Todavía no hay fuente que oficialmente lo confirme, pero a esta altura la información ya es pública: el exgobernador Fausto Vallejo inició una serie de reuniones con líderes de Movimiento Regeneración Nacional. La razón: para López Obrador Morelia es una plaza electoral atractiva, y el político priista sigue siendo de los más populares entre la ciudadanía.
Columnistas nacionales y locales ya le entraron al tema. Y varias versiones consultadas extraoficialmente por Primera Plana Noticias avalaron el dato. El exgobernador se habría reunido ya con Alfredo Ramírez Bedolla, la cara visible de ese partido en Morelia, y otras tantas con el exgobernador Leonel Godoy y la exsecretaria de Educación Graciela Andrade.
Todas las pláticas tendrían el objetivo de apuntalar la fuerza electoral de ese partido en el estado, para lo cual Vallejo Figueroa resulta clave dado su detallado conocimiento de la estructura electoral en Morelia y Michoacán.
Pero el posible pacto Fausto-AMLO se produce sin que hasta la fecha el exgobernador haya aclarado los muchos cuestionamientos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo a su administración, ni tampoco la –a esta altura legendaria– cerveza que su hijo mayor, Rodrigo, compartió con Servando Gómez, “La Tuta”, y que fue el hecho que en definitiva marcó el inicio de la caída en desgracia del calvo exmandatario estatal.
Un gobierno anómalo
Los documentos oficiales expedidos por la ASF que hablan de incumplimientos en el gobierno fautista abarcan al menos tres áreas. De ellas, dos parecen presentar más inconsistencias: Salud y Educación.
Respecto del ítem “Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa”, la Auditoría halló que en 2014, cuando Fausto era gobernador, en las unidades de Salud los controles de asistencia no estaban actualizados; que el almacén de la Jurisdicción Sanitaria 8 de Lázaro Cárdenas carecía de mecanismos de control y sistemas de información para un manejo adecuado y transparente de los medicamentos, y que no disponía de instalaciones apropiadas ni personal suficiente.
Agregó que el almacén operaba sin su licencia sanitaria, que no realizó inventarios y que los espacios para el resguardo de medicamentos en varios de los centros de Salud visitados eran inadecuados. En otros aspectos también hubo problemas. Ese año las Caravanas de la Salud no llegaron a Maruata, como estaba programado, y también ase reportaron “deficiencias en el manejo, control y entrega de medicamentos en las unidades médicas visitadas”.
“En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado registró inobservancias (SIC) principalmente en materia de servicios personales y promoción y detección oportuna de enfermedades, así como al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 (…) que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 136,582.3 miles de pesos (…) En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo no realizó, una gestión eficiente de los recursos del Seguro Popular”, sentenció entonces la dependencia.
Otro foco crítico fue la gestión en cuanto a la Seguridad.
En el ítem “Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios o Estados Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales”, la Auditoría sentenció que el Michoacán no implementó “una adecuada segregación de funciones en detrimento de la eficiencia de los procesos”, que no hubo metodología para administrar e identificar los riesgos de manera oportuna ni evaluaciones de control interno y riesgo, que se carecía de mecanismos de control efectivos para administrar de manera adecuada los recursos monetarios y de un programa de trabajo de control interno para identificar los riesgos y evitar que impacte el cumplimiento de objetivos y metas, y que el estado no estableció políticas y procedimientos para la obtención y emisión de información confiable.
“En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que el control interno para la gestión del subsidio en el Gobierno del Estado de Michoacán es medio, ya que aun cuando existen estrategias y mecanismos de control sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de la normativa y la transparencia en la operación del Subsemun”.
Pero el desastre mayor estuvo en Educación. Al analizar el “Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación”, se estableció que la SEE no tenía un procedimiento para evaluar la competencia profesional y el desempeño del personal de la institución, que “no hubo evidencia de tener un área responsable de las actividades de control interno”, que no se contó con una línea ética u otros mecanismos para captar denuncias por actos indebidos ni se mostró evidencia de contar con un Comité de Administración de Riesgos formalmente ni una instancia que informara sobre la situación de los riesgos y su administración.
También falló la gestión. Según los documentos oficiales, la SEE no presentó evidencia de los acuerdos por los que se emitieron los Manuales de Contabilidad Gubernamental ni estableció formalmente obligaciones y responsabilidades de los servidores públicos en materia de control interno.
“La SE no anexó evidencia de que le realizaron auditorías internas o externas, no llevó autoevaluaciones de control interno por parte de los responsables de su funcionamiento en el último ejercicio ni mostró evidencia donde se evalúen los objetivos y las metas”.
En resumen: durante la gestión de Fausto Vallejo la mayor parte de los empleados y funcionarios de la Secretaría hicieron lo que quisieron.
La ASF admitió que el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo remitió información, pero ésta “no fue suficiente para aclarar y justificar el ejercicio y destino de los recursos federales ministrados, por lo que la observación persiste”. Así, la ASF solicitó “que el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria por un monto de 2,446,762,290.00 pesos (dos mil cuatrocientos cuarenta y seis millones setecientos sesenta y dos mil doscientos noventa pesos 00/100 M.N.), por no acreditar plenamente con documentación justificativa y comprobatoria el gasto en los objetivos del programa”.
Hubo otras ocho observaciones, las cuales finalmente llevaron a la ASF a sentenciar que el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio.
En su momento la prensa local dio cuenta de esas y otras anomalías que provenían de antes. Al momento de hacer el balance, el diario Milenio reportó que “entre las anomalías encontradas por la ASF en Michoacán, tan solo durante el ejercicio 2013, destacan la adquisición de un vehículo con valor de 228 mil 180 pesos que no cumplía con los fines de la Ley de Coordinación Fiscal, y que actualmente está siniestrado, o la compra de medicamentos no incluidos en el catálogo universal de salud por 4 millones 472 mil 357 pesos a un precio superior al de referencia.
“Además se realizaron pagos indebidos a la sección 18 del SNTE por conceptos no reconocidos por los convenios laborales, como ‘Bono de apoyo a la economía’, el ‘Estímulo a la superación educativa’ o bono por ‘Día del Empleado’, por un valor de 223 millones. Se realizaron transferencias del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) por 2 mil 139 millones a cuentas no pertenecientes al fondo y sin el reintegro de las transferencias”.
Otros medios reportaron hasta 26 mil 116 millones de pesos el monto observado a la administración pública estatal por la ASF entre 2011 y 2015, como resultado de la fiscalización a los fondos del gasto federalizado. Todo eso llevó a que Michoacán trepara al primer lugar nacional en cuanto a los montos observados en relación a los fondos asignados.
La versión de Fausto
Tras las muchas denuncias públicas y amenazas provenientes de su propio partido respecto de expulsarlo o investigarlo, Fausto Vallejo respondió. En febrero de este año hizo llegar a los medios el documento “Ideas Fuerza”, mediante el que aseguró que durante su gestión “los contratos de refinanciamiento de la deuda se realizaron en las mejores condiciones que en ese momento ofrecieron los bancos para el estado de Michoacán”.
“Yo recibí 15 mil 975 millones de pesos de deuda bancaria y entregué con 15 mil millones, es decir, la disminuimos 975 millones”, dijo entonces el exmandatario. “No había banco que le quisiera prestar a Michoacán, dada la calificación crediticia con la que recibimos el gobierno, que además de todo mejoramos de negativa, a estable con tendencia positiva”.
Finalmente, argüía que “durante mi administración de ninguna manera hicimos crecer la Deuda Pública. La propia administración actual lo reconoce oficialmente en el Tercer Informe Trimestral de 2016”, dado que el problema financiero de la entidad arrancaba “tras la bursatilización del impuesto sobre nómina, contratada en 2007 en UDI’s”.
Pero al parecer la ASF piensa otra cosa. Hasta este momento continúan las pesquisas para dar con los fondos que se esfumaron durante su gobierno.
Morena, en la indefinición
Los primeros comentarios de los líderes de Morena respecto de Vallejo Figueroa, entonces priista, daban cuenta de una actitud muy lejana al acercamiento que exhiben hoy.
En junio de 2014, Andrés Manuel López Obrador calificó como “un acto indigno que primero Fausto Vallejo fuera a la Secretaría de Gobernación para hablar con el titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong y antes de renunciar al gobierno de Michoacán, fuera a tomarse la foto con el priista Enrique Peña Nieto en Los Pinos”. Con su retórica característica, expuso en su página http://lopezobrador.org.mx/ que “el gobierno de Enrique Peña impuso al Alfredo Castillo como comisionado para la Seguridad de Michoacán, dejando como florero, como adorno a Fausto Vallejo. Eso sucedía en los tiempos de los dictadores: Antonio López de Santa Anna y Porfirio Díaz, quienes desde el centro imponían a los gobernadores”.
Otras voces se cuadraron al pie de la letra con su líder. La candidata a la gubernatura por Regeneración Nacional, María de la Luz Núñez Ramos, señalaba que “la reciente renuncia de Fausto Vallejo al tricolor es la nueva ofensa del PRI y de su régimen al pueblo de Michoacán”. Y el entonces coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Morelia, Alfredo Ramírez Bedolla, decía que “el regreso de Fausto Vallejo Figueroa a la escena política es una muestra del cinismo de alguien que no solamente traicionó a su partido sino a los michoacanos y morelianos”.
“Su actitud ofende a los morelianos y michoacanos, ya que él siendo gobernador, fue uno de los responsables de la crisis que vive la entidad. Durante su administración en Michoacán se gestó una crisis política y económica, de la cual todavía no se logra salir. Tal parece que Vallejo Figueroa se le olvidó que no le cumplió a los michoacanos, ni a los morelianos cuando fue gobernador y varias veces presidente municipal”, dijo Ramírez Bedolla entonces .
Pero ahora, al parecer, los tiempos y las necesidades son distintos.
Hoy Fausto Vallejo prepara su nuevo desembarco en la política cuestionado por desvío de recursos, por no asegurar la gobernabilidad al no admitir una grave enfermedad que le impedía el ejercicio de sus funciones y porque su hijo mayor apareció en un video con “La Tuta”. Todos los partidos, partiendo por el suyo e incluyendo a Morena, entonces lo destrozaron. Sin embargo, siempre según los porfiados hechos, tal parecer que la autodivulgada superioridad moral de Andrés Manuel López Obrador ya cedió ante las necesidades de la ambición política.
