Antes de que termine el mes de junio habrán sido creados los centros de atención a periodistas, que tendrán además a su disposición un “atlas de riesgo” para conocer los peligros que enfrentan en su región o municipio.
Esa es la respuesta más concreta, digámosle así, que ha presentado el Gobierno Federal y de los estados de la República a la exigencia de mayores garantías para el ejercicio periodístico. Según el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, los gobernadores habrán de reunirse con el gremio de cada entidad para establecer las medidas que den mayores seguridades a los informadores.
Hasta ahí vamos bien, pero la pregunta obligada es: ¿tienen realmente los gobiernos, federal y estatales, la capacidad y recursos para garantizar la seguridad de las comunidades de informadores que hay en cada uno de los estados?
Pero hay más todavía: ¿cuál es el papel y la responsabilidad de las empresas en estos mecanismos de seguridad a reporteros, como les llamó Campa ayer luego de reunirse con los secretarios de Gobierno de los estados? ¿De verdad los reporteros, sea cual sea su ‘fuente’ asignada, se van a coordinar con los gobiernos locales para establecer los esquemas de protección? ¿A partir de qué parámetro se establecerán esas medidas de excepción?
Hechas estas preguntas, lo que debemos esperar de esas reuniones y de los futuros centros de atención a periodistas, es mucho cuidado, sensatez y prudencia a la hora de ofrecer y de pedir. A la hora de proponer y prometer.
Lo peor que les podría ocurrir ahora es caer en el engaño y confundir lo deseable con lo posible y lo posible con la ilusión.
Por lo demás la exigencias serán las mismas sobre los hechos de violencia registrados en el país: investigaciones serias, profesionales y expeditas; esclarecimiento de los crímenes y agresiones a los periodistas y medios informativos, y fin de la impunidad.
Y aquí es donde estamos atorados: Se cumplió una semana del atentado que quitó la vida a Javier Valdez, y hoy no sabemos nada; pasaron cinco días de la desaparición de Salvador Adame, y tampoco se sabe de avance en las pesquisas…
Y así podríamos ir, uno por uno de los 126 asesinatos de periodistas de 2000 a la fecha. Priva la lentitud, domina la impunidad. Ese es el problema.
Aquí se queda… ¡aquí entre nos!
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