Juan Antonio Magallán
Morelia, Michoacán.- El secretario de Gobierno de Michoacán, Adrián López Solís, manifestó su desacuerdo en torno a la postura de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que los operativos de desmantelamiento de huertas ilegales de aguacate cesaran.
“En principio no compartimos la apreciación que se hace a través de un comunicado”, afirmó.
En entrevista, el encargado de las políticas internas de Michoacán refirió que la Profepa “tendrá sus razones” para mostrar la postura de la situación que estableció en su comunicado, sin embargo, aclaró que el gobierno estatal mantendrá una relación interinstitucional y coordinada con el Gobierno Federal.
“La relación es lo bastante sólida como para resistir este tipo de situaciones, y sobre lo que han señalado en el comunicado: no le toca a una dependencia señalar sobre la actuación de otras, si no es a través de procedimientos en que se define si es o no ilegal”, explicó López Solís.
Apuntó que el cambio de uso de suelo se seguirá atacando, con la finalidad de evitar que se sigan instalando plantíos ilegales de aguacate.
En ese sentido externó que si se sigue con la ruta de permitir plantíos de aguacate descontrolados se lamentará la extinción de flora y fauna.
Hasta el momento, la Semarnacc ha intervenido 221 predios en ocho municipios de la entidad, recuperando con ello 250 hectáreas de huertas ilegales, las cuales estaban instaladas en zonas boscosas, donde no es permitido sembrar el fruto.
Se han asegurado 100 mil plantas de aguacate. En los operativos han participado 900 técnicos y personal de seguridad, con lo cual se busca desincentivar el cambio de uso de suelo en zonas boscosas de Michoacán, las cuales han estado prohibidas por más de 20 años por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Luego de las acciones de Semarnacc, la Profepa emitió un comunicado en donde manifestaba que el Gobierno de Michoacán estaba por encima de sus atribuciones para desmantelar huertas de aguacate cuya tarea era anteriormente de la Profepa, no obstante, tras la reforma a la Ley Forestal del Estado de Michoacán en su artículo 166, Fracción III quedó estipulado que las instituciones del Poder Ejecutivo tienen la posibilidad de proceder contra quienes cometan delitos ambientales.
