Alejandro Amado
Morelia, Michoacán.- La página web del Congreso de Michoacán fue renovada hace algunos días, y ahora tiene una interfaz más amigable y un diseño gráfico más atractivo. Sin embargo, al ingresar al apartado Transparencia, nos encontramos con que la mayoría de los vínculos que debieran llevar a datos duros sobre el manejo de recursos, no funcionan o redirigen a la misma página.
Así, cuestiones trascendentales como el de las declaraciones patrimoniales, información relacionada a servicios profesionales por honorarios, gastos de viáticos y representación y la remuneración bruta mensual no son temas que podamos conocer los ciudadanos debido a la omisión de los servidores públicos que no entregan información y, por tanto, no puede darse de alta en la página. Tampoco hay información de las metas y objetivos de cada área, indicadores relacionados con temas de interés público ni de objetivos y resultados.
Padrón de programas sociales, sin detallar concepto de apoyos
El apartado que incluye la información relativa a los programas sociales desarrollados y al padrón de beneficiarios es parco, pues aunque señala que hubo 403 personas beneficiadas, el campo que indica la denominación social de las personas morales beneficias no aparece, sino únicamente sus nombres y los montos recibidos.
El padrón de beneficiarios de programas sociales no precisa por concepto de qué recibieron los apoyos esas 403 personas, mismos que van desde los 35 a los 30 mil pesos, conformando un total de 263 mil 791 pesos sólo en el primer trimestres de 2017.
Tampoco se registra el monto que el Congreso local hace llegar al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo. En cuanto a la información curricular de los servidores públicos, sólo 93 cumplen con ella.
No se registra información alguna de sanciones administrativas a funcionarios públicos. Tampoco funciona el link que detallaría el presupuesto anual. Sobre la información financiera y la de la Cuenta Pública no a parece e indica que esa información le compete a la Secretaría de Finanzas y Administración. Tampoco se presenta información alguna sobre la deuda pública ni se detallan los gastos en comunicación social.
Los informes de auditorías realizadas e informes financieros también son una incógnita, así como las personas físicas o morales a las que se les permite utilizar recursos públicos. No hay datos sobre los procesos de licitaciones, adjudicaciones directas, concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas, ni de sus resultados.
Tampoco están los informes de los sujetos obligados y, por ende, no hay estadísticas al respecto. El vínculo de los informes programáticos presupuestales, balances generales y estados financieros también está roto.
El padrón de proveedores y contratistas únicamente registra siete, en los que se detalla la dirección y el RFC, pero no se da información alguna respecto a los servicios prestados ni el monto de los mismos.
Los convenios de coordinación o concertación con el sector social o privado son también un misterio. La información sobre la atención a recomendaciones de derechos humanos es escueta y confusa, pues aunque señala tener 0 recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, además de indicar que la recomendación (¿cuál?) fue rechazada y más adelante en el mismo documento dice que no hay pruebas de su cumplimiento.
La lista de concesionarios que prestan servicios de telecomunicaciones al Poder Legislativo tampoco es de conocimiento público.
Congreso incumple mandato de transparencia
El Congreso de Michoacán viola con total impunidad las leyes emanadas desde ese mismo poder al incumplir el Artículo 35 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Michoacán, que le mandata hacer pública y mantener actualizada su información por medios electrónicos.
Cabe recordar que el pasado 4 de mayo venció el plazo para presentar esa información ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Ese día circularon infinidad de oficios en los que se pedía a los servidores públicos proporcionar la información para subirla a la página. Cabe señalar que las sanciones serán directamente contra los servidores públicos que incumplieron -la mayoría- y no contra la institución, de acuerdo a las últimas reformas en materia de transparencia.
Las áreas de la Secretaría de Finanzas y del Comité de Atención Ciudadana y Gestoría son los focos rojos en cuanto a flujo de información, precisamente las que se encargan del grueso de los recursos del Congreso.
