El litigio que se desató entre el Gobierno de Michoacán y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por las inspecciones a las huertas aguacateras en la entidad no tiene asidero; se trata, en realidad, de un asunto de interés particular en el que erróneamente se involucró la dependencia federal por la impericia, falta de olfato político y ambiciones de la delegada de la Profepa, Talía Coria Mendoza.
Puestas las cosas en su justa dimensión, incluso, el comunicado que hace dos días emitió la Procuraduría descalificando “todas las acciones de inspección y vigilancia en terrenos forestales” por considerarlas “ilegales”, parecen más un despropósito que la defensa genuina de los recursos michoacanos.
La locuacidad con la que supuestamente se ponen del lado de la legalidad rompe, además, con la política de cooperación estado-federación, así como con el orden institucional de colaboración entre los tres niveles de gobierno.
¿A quién se le ocurrió la brillante idea de redactar un comunicado en términos de un casi rompimiento? ¿Y esas brillantes mentes creen que alguien puede comprarles eso de que las acciones que realiza la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático (Semarnacc) del gobierno estatal contra el cambio irracional de uso de suelo en huertas aguacateras, están fuera de la ley?
¡Así como se lee y se oye! La Profepa quema inciensos para purificar a los aguacateros. ¡Que nadie se mueva ni haga olas, que caray! ¿Sabrá algo la psicóloga Talía Coria del tema? ¡Vaya, porque lo único que se le conoce de ambientalista tiene la marca del PVEM! Usted dirá. lectora, lector.
Las mafufadas con las que empezó el alegato no fueron bien recibidas ni por lo propios priistas de Michoacán, que con escepticismo veían cómo de la nada surgía un conflicto con el gobierno estatal. ¿A cuenta de qué y de quién? Ellos mismos han dado la respuesta: el senador y ex candidato al Gobierno del Estado en 2015, ‘Chon’ Orihuela, es quien sopla los aires, en parte por sus intereses económicos, y en parte por sus intereses políticos.
Y como desde un principio no pudo ocultar figura, cayó en el desfiguro: su asesor y operador político Jaime Arturo Vázquez tuvo que salir a declararse como uno de los aguacateros agraviados por las “ilegales” inspecciones de la Semarnacc.
¡Aja! El escudero de Chon saca el pecho por los intereses de su jefe -ni modo que no, verdad, si también son de él- y por los de uno que otro más de sus cuates. ¡Un, dos, tres por mí, Chon y todos mis compañeros!
Y ya, no tiene más qué contarse de este litigio. Si acaso saber, al final, si Chon logra lo que quería… y lo que quiere está muy visto.
¡Ah! ¿Y Tallía Coria? Bueno, ella sigue soñando con que ahora sí se le hará la candidatura a la diputación federal que le prometieron desde 2015.
Que alguien le diga a la mujer: lo estás haciendo muy bien… Pero para volver a ser excluida.
Aquí se queda… ¡Aquí entre nos!
