Juan Antonio Magallán
Morelia, Michoacán.- No pararán los operativos para desmantelar las huertas de aguacate ilegales en Michoacán. A pesar de que algunos (el ex diputado federal Arturo Vázquez Aguilar y el senador Ascensión Orihuela Bárcenas) andan muy enojados por haberles desmantelado huertas ilegales, las acciones para acabar con huertas apócrifas seguirán, indicó Ricardo Luna García, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático (Semarnacc).
En conferencia de prensa, el funcionario estatal comentó que los operativos traen “muy disgustado” a alguien de Zitácuaro, en clara alusión al senador Orihuela Bárcenas, no obstante aclaró que pese al exhorto emanado del senador Orihuela, las acciones que han llevado al desmantelamiento de 250 hectáreas ilegales de aguacate en la entidad en los últimos meses, seguirán su curso.
“Afectamos intereses personales y nos señalan como delincuentes, por según ellos cometer arbitrariedades; pero hay que preguntar a la sociedad si nuestro delito es que evitamos que se sigan arrasando los bosques. Al final del día, serán los tribunales los que deslindarán responsabilidades”, acotó Luna García.
En ese sentido, el funcionario estatal aclaró que las acciones de la Semarnacc están totalmente apegadas a derecho, toda vez que la Ley Forestal del Estado de Michoacán en su artículo 166, Fracción III, estipula que las instituciones del Poder Ejecutivo estatal tienen la atribución de proceder coactivamente contra quienes cometan delitos ambientales.
Hasta el momento, la Semarnacc ha intervenido 221 predios en ocho municipios de la entidad, recuperando con ello 250 hectáreas de huertas ilegales, las cuales estaban instaladas en zonas boscosas, donde no es permitido sembrar el fruto.
Hasta el momento, han asegurado 100 mil plantas de aguacate. En los operativos han participado 900 técnicos y personal de seguridad, con lo cual se busca desincentivar el cambio de uso de suelo en zonas boscosas de Michoacán, lo que ha estado prohibido desde hace más de 20 años por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Todo lo anterior da respuesta a la postura de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), instancia federal dependiente del presidente priísta Enrique Peña Nieto, que a través de un comunicado, con motivaciones desconocidas, señaló que las acciones emprendidas por la Semarnacc eran ilegales.
