La detención ayer en Uruapan del presunto homicida de una niña de 13 años y la decisión de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán de imputarle el delito de feminicidio, puede interpretarse como una buena señal contra la impunidad; el hecho de comunicarlo en esos términos, de manera oficial, debiera ser la constante en la integración de las carpetas de investigación que así lo ameriten por los hechos registrados y/o denunciados, a fin de que las averiguaciones que se consignen ante un juez sean lo suficientemente sólidas y los responsables de estos abominables crímenes tengan el castigo que se merecen.
Es de esperarse así por parte de la Procuraduría estatal al mando de Martin Godoy Castro, toda vez que la violencia, las agresiones y los asesinatos cometidos contra las mujeres constituyen una de las más condenables lacras en estos años en que la inseguridad se ha convertido en la principal queja y angustia de la mayoría de los mexicanos.
Nos aseguran que la investigación del caso esta debidamente sustentada, por lo que hay plena confianza en que el sujeto presentado ayer ante la autoridad judicial será condenado por feminicidio y todas las agravantes de los delitos cometidos en el ataque que perpetró contra la niña. Es el juez, a partir de ahora, el que tiene la palabra.
Ahora bien, los hechos ocurridos el pasado mes de abril en ese municipio de Uruapan vuelven a encender las señales de alerta por la vulnerabilidad en la que están cientos, miles de niñas y adolescentes no sólo en Michoacán, sino en todo el país, por el acoso, violencia sexual y la discriminacion por motivos de género.
La exposición al maltrato infantil, la violencia sexual, el desprecio por la condición y derechos de las mujeres y la discriminacion por género, son elementos delictivos y factores disfuncionales que en el caso de México se han agravado y multiplicado desde el año 2006…
Pero volviendo al caso de la niña uruapense asesinada por quien era su jefe en la empresa de agua purificadora en la que trabajaba, debe obligarnos a mirar hacia dentro y establecer programas permanentes de inspección y revisión -incluyendo el personal- de todas las empresas, independientemente de su tamaño, que tengan niñas y adolescentes laborando.
Un esquema de prevención de esas dimensiones -en la que participen las dependencias involucradas y organismos y grupos defensores de derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres- llevaría a la integración de un padrón estatal que haría más fácil la inspección periódica de esos centros de trabajo.
Los empresarios bajo esa lupa se la pensarían más tanto para la investigación de las personas que contratan y colocan al frente de sus trabajadores, como para los permisos e ingresos de menores de edad a sus negocios.
¿Se puede hacer más? Sí, seguro que sí. Sería un buen homenaje a la memoria de la niña asesinada en el Cupatitzio.
Serian más, muy buenas señales contra la delincuencia, la corrupción, la violencia sexual, la discriminacion y la impunidad.
Aquí se queda… !aquí entre nos!
