Ciudad de México.- Ever Eduardo Aguilar Sandoval,ex coordinador administrativo y de servicios, se ha convertido en el testigo clave de la Fiscalía General de Chihuahua en la investigación contra el ex gobernador de esa entidad, quien ha señalado a César Duarte Jaquez como el responsable de cometer irregularidades y abusos en el manejo del patrimonio estatal, situación que le permitió obtener más cientos de millones de pesos.

MILENIO tiene copia del expediente que fue facilitado por autoridades locales, quienes dijeron que también hay una “línea de investigación” contra la persona que asumió la defensa de Duarte, el abogado Ricardo Antonio Sánchez Retana, éste último que logró la liberación del general en retiro Tomás Ángeles Dauahare; el litigante, comentaron los funcionarios, ha pedido información a la fiscalía de porqué se le indaga.

De acuerdo con el expediente, el 18 de abril del presente año, Aguilar Sandoval rindió su declaración ministerial como testigo, con identidad reservada con clave S45M8-4FJK12S/2017, donde hizo señalamientos contra César Duarte, de ser el principal orquestador del desvío de recursos públicos. Contra el mencionado existe una orden de aprehensión, informó Milenio.

En ninguna parte de su declaración, el testigo dice haber recibido alguna instrucción de Duarte, sino que solo sabe que el ex gobernador dio instrucciones a otros funcionarios.

Según los dichos de Aguilar Sandoval, quien en documentos oficiales aparece su firma estampada como el responsable de prestaciones de servicio, que ahora son motivo de investigación, algunas de las empresas que sirvieron para la triangulación de recursos son: Kepler Soluciones Integrales S.C, Infocom e Hinfra.

“Yo trabajé en la administración estatal, desde el 2011 hasta el 2016. En el 2015 me desempeñé en la dirección de adquisiciones, y a mediados del 2015 al final de la administración en la coordinación administrativa y de servicios, dependiente de la dirección general de la administración de la Secretaría de Hacienda”, aseguró.

La coordinación administrativa y de servicios, explicó, se encarga de auxiliar al director general de administración, específicamente en las tareas de administración de la propia Secretaría de Hacienda y sus diversas direcciones y unidades, así como de los servicios básicos de gobierno central, como son energía eléctrica, el agua, la telefonía celular y el gas.

“Dentro de estas actividades le tocaba a la coordinación intervenir en las compras de la Secretaría de Hacienda, como adquisiciones y prestación de servicios.

“Durante mi estancia laboral en la Secretaría de Hacienda conocí de diversas irregularidades y abusos en el manejo del patrimonio del Estado, pues mis superiores por instrucciones del ex gobernador César Duarte, operaban la desviación de dinero público o la obtención de diversos beneficios con recursos estatales, a través de la contratación de prestación de servicios o adquisiciones de bienes o productos, incluso contratación de obra, con empresas en contubernio o fantasmas (empresas que prestan los servicios y solo eran utilizadas para facturar)”.

Los proveedores, abundó el testigo, brindaban productos o servicios con sobreprecios con una calidad inferior a las especificaciones y requerimientos; o simplemente, no brindaban el producto o el servicio contratado, presentándose “entregables simulados” para aparentar que proporcionaron el servicio.

“En tales operaciones, con motivo de mis funciones, se me ordenaba por parte de mi superior Gerardo Villegas Madriles, director general de administración, y en ocasiones de Jaime Herrera, secretario de Hacienda, el armado o confección de expedientes de contratación con empresas específicas para lograr el desvió del dinero público.

“Dichos expedientes se fabricaban para sustentar el supuesto procedimiento administrativo que justificaba la salida del dinero estatal, desde luego, que se trataban de actos disimulados”, manifestó.

Según lo declarado por el testigo, un expediente se componía básicamente de la siguiente manera:

1) Documentación de la empresa, como acta constitutiva, declaraciones fiscales, estados financieros, el poder del representante legal; 2) la solicitud de suficiencia presupuestal dirigida a la dirección general de egresos, cuyo titular era Jesús Olivas Arzate, misma que era realizada por la instancia que requería el servicio o la adquisición, pudiendo ser una dependencia estatal, o bien, la coordinación administrativa y de servicios, en caso de que el bien o el servicio fuera requerido por alguna dirección de la Secretaría de Hacienda; 3) la autorización de la suficiencia, otorgada por el secretario de Hacienda, Jaime Herrera, con apoyo del Área de Egresos, dirigida a la instancia solicitante; 4) la solicitud por parte del área que requería el servicio o la adquisición del bien, dirigida al Comité de Adquisiciones, encabezado por Antonio Enrique Tarín García y conformada por la instancia solicitante, un observador del área de Egresos, en este caso Erick Hernández Aguilar, así como un representante de la Contraloría del Estado, a fin de que normara el proceso de adquisición a través de la licitación respectiva, según la modalidad que correspondiera al caso concreto, pudiendo ser una licitación pública, nacional o internacional, licitación restringida, que implica la invitación a tres proveedores y la adjudicación directa en casos excepcionales.

“En cada uno de estos contratos existieron diversos operadores, ya sea servidores públicos o particulares, los cuales se encargaban de conseguir al proveedor del producto o servicio por medio del cual se justificaría la obtención de recursos públicos en beneficios del ex gobernador y su grupo más cercano. Así, por ejemplo, Jesús Manuel Esparza Flores consiguió Kepler Soluciones Integrales, pero también había conseguido en otros casos, como Infocom e Hinfra. De esto tengo conocimiento porque en las reuniones a las que acudí en mis labores dentro de Hacienda, se ventilaba que dichas personas serían las intermediarias con los representantes de esas empresas, eran los encargados de conseguir las empresas”, detalló ante el Ministerio Público.

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