Trabajo del Congreso, afectado por ajuste presupuestal

Ciudad de México.- El trabajo legislativo del Congreso se vio afectado por el ajuste presupuestal de 43 mil 800 millones de pesos para 2018.

Diputados y senadores congelaron la aprobación de leyes o modificaron propuestas de reforma para no causar un impacto negativo en el gasto federal, informó Excélsior.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) les solicitó a finales del año pasado aplazar la aprobación de todas las iniciativas que impliquen un gasto extra en el presupuesto y no sean prioridad para el país.

Hacienda les explicó, de acuerdo con los entrevistados, que las condiciones económicas serán complicadas, al menos, hasta 2018.

En la Cámara de Diputados no se aprobaron iniciativas de ley o minutas de reformas cuyo costo de implementación sea mayor a un millón de pesos.

Entre los temas frenados destacan el derecho universal y gratuito a la reconstrucción mamaria de mujeres afectadas por cáncer o el que los trabajadores, sin distinción de género ni estado civil, tengan derecho a llevar a sus hijos a guarderías del IMSS.

Los senadores, por ejemplo, hicieron modificaciones que dejaron fuera la obligatoriedad policial de portar geolocalizadores y retiraron el capítulo presupuestal en la Ley de Cultura.

Otro caso: el 6 de abril, el Senado aprobó cambios a la ley que rige la participación de las organizaciones civiles, pero, a petición de Hacienda, se retiró todo lo relacionado con el financiamiento a más organizaciones sociales.

El recorte de 43 mil 800 millones de pesos planeado para el 2018 pegó a las leyes y reformas aprobadas por el Senado, pues la Secretaría de Hacienda pidió cambios para no comprometer el gasto público en el corto plazo, entre ellos quitar la obligación policial de portar geolocalizadores; retirar el capitulo presupuestal en la Ley de Cultura y toda innovación legal que supere el millón de pesos.

El tema fue tan notorio, que hacia el final del periodo ordinario pasado, los senadores hicieron público el fenómeno, tanto en los textos de las leyes y reformas aprobadas, como en sus participaciones en tribuna; como cuando el petista Zoé Robledo resaltó que el criterio de Hacienda tiene efectos negativos en el trabajo legislativo o cuando la panista Luisa María Calderón le hizo referencia del tema a Luis Videragay, actual Canciller y exsecretario de Hacienda.

“El canciller dice que hay que revisar a tiempo el marco normativo de planeación para, obligadamente, dirigirlo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible  (ODS) y eso para nosotros es vital.

“Cada vez que queremos hacer alguna modificación a alguna ley que tiene que ver con dirigirnos a la consecución de los ODS, diría yo en el marco del tema de hambre cero, alianza con los pequeños productores, impulso de infraestructura a los pequeños productores para que salgan de la pobreza, que nos dan de comer, nos dice que tienen impacto presupuestal y que entonces no podemos hacer la modificación.

“Así que para nosotros es vital que usted aquí, como canciller ahora, no como Secretario de Hacienda, nos comparta esta convicción de que hay que cambiar de paradigmas y creo que el primero que vamos a abrazar con mucho gusto es este paradigma de que hay impacto presupuestario y que no podemos cambiar las cosas”, expresó Luisa María Calderón el 26 de abril, en una reunión de evaluación de los ODS.

El 6 de abril, el Senado aprobó cambios a la ley que rige la participación de las organizaciones civiles, pero a petición de Hacienda, se retiró todo lo relacionado con el financiamiento a más organizaciones sociales, lo que generó la molestia de legisladores de oposición, aunque la mayoría la avaló.

Desde tribuna, Zoé Robledo evidenció el criterio presupuestal que se impuso.

“Pareciera que se ha instalado en el Senado de la República y en todo nuestro proceso legislativo una suerte de virus, un virus que establece, desde la Secretaría de Hacienda, que todo aquello que tenga impacto presupuestal, no pasará. Y que si los legisladores nos prestamos a eliminar el impacto presupuestal, entonces las piezas legislativas caminan.

“Eso es hacernos parte de una simulación, más derechos en nuestro país sin duda son importantes, en muchas áreas, por supuesto, en el asunto de la sociedad civil, que en estos últimos cuatro años ha sido fundamental en el acompañamiento de muchos procesos en el Senado.

“No puede seguir ocurriendo que cualquier tema que incomode a Hacienda, porque en su presupuesto o en su entender tiene un asunto de impacto presupuestal, simplemente se elimine para que el asunto prospere aquí en la Cámara (…) hay otros procesos legislativos que están en este momento discutiéndose, que se ponen en el centro, que no tengan impacto presupuestal, y que esa es la condición para que desde el gobierno se dé la señal de que el tema puede avanzar”, dijo el legislador del Partido del Trabajo.

Y en el dictamen de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la exposición de motivos explica las razones por las cuáles la Cámara de Diputados retiró la obligación policial de usar geolocalizadores.

“Se elimina el dispositivo electrónico de localización geográfica por razones presupuestales, máxime en razón de que pueden existir otros mecanismos, por ejemplo, comunicaciones con el C4, para asegurar que el detenido sea puesto sin demora ante el Ministerio Público”, dice el dictamen.

En el adelanto de los criterios para el diseño del presupuesto federal del 2018, Hacienda informó que prevé un recorte de 43 mil 800 millones de pesos para cumplir sus metas de disminuir el déficit y debido al entorno de debilidad económica global y volatilidad de los mercados.

CALCULAN GOLPE A 80% DE MINUTAS

Tania Rosas y Vanessa Alemán

Legisladores de las ocho fuerzas políticas de la Cámara de Diputados confirmaron a Excélsior que, a finales del año pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó un exhorto para posponer la aprobación de cualquier propuesta que tenga impacto presupuestal y no sea prioridad en el país, con el argumento de que, hasta 2018, las condiciones económicas serán complicadas.

Los entrevistados calcularon que, aproximadamente, 80% de las iniciativas o minutas presentadas en el Congreso de la Unión tienen impacto presupuestal y eso generaría el freno automático.

El exhorto detiene las iniciativas o minutas cuyo costo de implementación sea mayor a un millón de pesos, cantidad que, presupuestalmente, es mínima.

Las comisiones más afectadas por este exhorto son las de Seguridad Social, Trabajo y Previsión Social, así como la de Salud, y debido a este llamado, la Cámara de Diputados aprobó en este periodo ordinario el mínimo de reformas.

De acuerdo con datos del Sistema de Información Legislativa, de las 667 iniciativas presentadas en este periodo ordinario por los diputados, nueve fueron aprobadas  y 11 asuntos fueron retirados. Asimismo, de las tres mil 410 iniciativas presentadas por los diputados desde que inició la legislatura (el 1 de septiembre de 2015), sólo se han aprobado 259, las demás fueron retiradas, y siguen pendientes dos mil 256 iniciativas.

La primera reforma que se frenó por el impacto presupuestal era para considerar el derecho universal y gratuito de la reconstrucción mamaria a mujeres que han perdido uno o ambos senos a causa del cáncer. Esta iniciativa que planteó el PRD se detuvo debido a que cada reconstrucción mamaria cuesta de 20 mil hasta dos millones de pesos.

En otro caso, se tiene el registro de que el legislador Manuel Vallejo Barragán, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, ha detenido el trabajo de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara.

De acuerdo con diputados, Vallejo Barragán expuso que el director del IMSS pidió apoyo para sanear las finanzas de la institución. A raíz de esto no se aceptó una reforma para que los trabajadores asegurados, sin distinción de género ni estado civil, tengan derecho a llevar a sus hijos a las guarderías del IMSS, beneficio que hoy sólo tienen las madres aseguradas.

De haber aceptado esta modificación planteada por el PAN, Panal y PRD, el IMSS requeriría 10 mil millones de pesos extra para brindar el servicio a 23% de los hijos de los trabajadores, tan sólo para seis meses.

En otros casos, los diputados han tenido que buscar procedimientos para lograr que alguna propuesta pase.

Es el caso de una reforma propuesta para que las trabajadoras que serán madres puedan modificar sus periodos de descanso laboral previo al parto, y transferir hasta cinco de esas seis semanas de descanso para después del nacimiento de su bebé y con ello permanecer más tiempo con él.

Esta reforma se aprobó en la Cámara; varios grupos parlamentarios como el PRD, Morena, incluso el PVEM, aliado del PRI, advirtieron que se buscaba que las madres pudieran ampliar las semanas de descanso para estar con su hijo en la lactancia.

“Parece que la cuestión de fondo es que no hay presupuesto para el pago de la nómina sin la correspondiente jornada laboral. ¿Es un tema de voluntad o de dinero?”, dijo la diputada Jorgina Gaxiola.

No sólo el presupuesto ha sido un obstáculo para las leyes y reformas, también lo ha sido la falta de consensos entre los grupos parlamentarios y el gobierno federal. Y muestra de ello es el freno a la Ley de Seguridad Interior y la reforma constitucional en materia de seguridad.

En entrevista con Excélsior, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Jorge Ramos, admitió que una de las trabas para que se le dé el apoyo a la reforma constitucional en materia de seguridad es el impacto presupuestal, pero advirtió que sale más cara la violencia.

“Sale más caro para el país lo que estamos viviendo; 18 puntos del Producto Interno Bruto del país se pierden en esta guerra, en esta inseguridad que se está viviendo. Cuánto le cuesta en vidas a cada familia, a cada comerciante, a cada empresario, a la certidumbre del país para que vengan inversiones extranjeras. El tema económico es un tema de segundo plano y de segundo nivel”, declaró.

No obstante, precisó que el freno con mayor peso es la dificultad para la repartición de los recursos. Si bien los recursos en seguridad ya están establecidos, el mando mixto dificultaría la repartición si la policía depende del municipio o de la entidad federativa.

Legisladores comentaron además que varios municipios no quieren que el estado se encargue de la seguridad porque en automático dejarían de manejar el presupuesto para este ramo. La falta de acuerdos también afectó a la Ley de Seguridad Interior, que está condicionada por la oposición al PRI.