Alejandro Amado

Morelia, Michoacán.- Michoacán es el primer lugar a nivel nacional en casos registrados de violencia contra la mujer, pues según datos de Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim) los casos ya llegaron a 25 mil 732. Sin embargo, sólo se han expedido 44 órdenes de restricción para que los agresores de mujeres no puedan acercarse a sus víctimas.

Primeraplananoticias.mx consultó a dos víctimas de violencia de género que han sido beneficiadas con la medida de restricción. Pero una de ellas refiere que su agresor la ha enfrentado varias veces, y que en una de ellas el agresor intentó echarle encima un vehículo. La otra decidió cambiar su lugar de residencia por el miedo a encontrarse con el agresor que obtuvo su libertad pagando una fianza de tres mil pesos.

Las dos pidieron guardar el anonimato, lo que habla de que, aún con las órdenes de restricción, no se sienten seguras y temen aún represalias por parte de los agresores.

La cifra de las órdenes de restricción fue proporcionada por la propia Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en la reunión que sostuvieron funcionarios estatales con diputados para tratar los avances en la alerta de violencia de género, donde por cierto mostraron cifras desfasadas, pues la página de Banavim registraba desde ayer 22 casos más de los que informaron titulares de la Secretarías citadas en el Congreso. La situación la subrayó la legisladora Brenda Fraga, quien además puntualizó que la página de Banavim no precisa el periodo en el que se dieron estas agresiones.

Según la cifra de Banavim, Michoacán ya superó al Estado de México en cuanto a los casos de violencia de género registrados por instituciones de diferentes niveles de gobierno, aunque no necesariamente se traduzcan en denuncias penales.

Cabe recordar que en cuanto a denuncias presentadas ante la PGJE, sólo 18 de 86 fueron judicializadas, es decir, llegaron a las manos de un juez, el resto obtuvieron salidas alternativas, muchas veces presionadas por personal del Ministerio Público, situación que ha reconocido el Poder Judicial pero en la cual no tiene injerencia. Así, pese a las campañas que alertan la gravedad de un problema como la violencia de género, los agresores se benefician de salidas alternativas, como si de un delito menor se tratara, puesto que la legislación así lo permite.

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