Ciudad de México.- Luego de la decisión del Tribunal Supremo de asumir las funciones del Poder Legislativo el gobierno de Nicolás Maduro recibió severas críticas por parte de la comunidad internacional. Asimismo México desaprobó dicha acción por atentar contra los principios democráticos en Venezuela.
“En Venezuela, Nicolás Maduro dio un golpe de Estado”, denunció el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, quien rompió ante la prensa el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), calificándolo de “basura”, informó Milenio.
“Este parlamento se rebela y desconoce esta sentencia de la Sala Constitucional”, afirmó Borges. “A nosotros nos eligieron 14 millones de venezolanos”.
Borges instó a la fuerza armada a no “seguir callada frente a la ruptura de la Constitución”.
El gobierno mexicano, cuya diplomacia encabezó la semana pasada una iniciativa de 14 países americanos pidiendo una resolución a la crisis política en Venezuela, expresó ayer su preocupación tras la decisión del TSJ.
En el marco de la primera reunión del Consejo de la Relación Estratégica Colombia y México, realizada en Bogotá, el secretario Luis Videgaray, declaró que a los mexicanos les preocupa “de manera grave el deterioro del orden democrático en el país hermano”.
Videgaray enfatizó que “México cree en los valores de la democracia, en la división de poderes. Esta situación lo que hace es agravar una situación que ya era delicada en Venezuela”.
El canciller afirmó que México seguirá insistiendo en el seno de OEA para que sea a través de “un diálogo real y una ruta de certidumbre que permitan superar esta situación que consideramos grave y preocupante.
“México reitera su llamado a que sean los venezolanos en el ejercicio pleno de su soberanía, con respeto a su propia Constitución, quienes resuelvan los problemas de una forma que permita restablecer los valores democráticos, específicamente la separación de poderes y la democracia representativa”, agregó.
La Secretaría de Relaciones Exteriores detalló a través de un comunicado que es preocupante “el anuncio de que el Tribunal asumirá las competencias del Poder legislativo de ese país, así como la decisión de limitar las facultades de dicha Asamblea Nacional y restringir la inmunidad parlamentaria de sus integrantes elegidos por el voto popular, lo que atenta contra los principios y valores esenciales de la democracia representativa y la separación de poderes”.
La canciller colombiana, María Ángela Holguín, afirmó que “esto lo único que hace es profundizar aún más esa crisis que vive Venezuela. Rechazamos esta no división de los poderes”.
También desde Bogotá, el líder de la oposición venezolana y dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles, pidió que la comunidad internacional se pronuncie sobre la situación, que consideró un “golpe de Estado”.
En Buenos Aires, Lilian Tintori, esposa del opositor Leopoldo López, preso desde 2014, denunció ante el mandatario argentino, Mauricio Macri, que en Venezuela “hay una dictadura ejecutada”.
La oposición anunció protestas a partir de mañana, mientras que un centenar de opositores, encabezados por diputados, protagonizaron una refriega con militares y chavistas frente al TSJ con momentos de alta tensión.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió una reunión “urgente” del Consejo Permanente del organismo para discutir la situación y calificó la acción del TSJ como un “autogolpe”.
Uno de los primeros países en protestar fue Perú, al retirar a su embajador en Caracas, denunciando, al igual que Brasil, una “ruptura del orden constitucional”.
La presidenta chilena, Michelle Bachelet, llamó a consultas a su embajador, y el Congreso de Costa Rica pidió aplicar la Carta Democrática Interamericana de la OEA a Venezuela.
El martes, el TSJ retiró la inmunidad de los diputados lo que permite la posibilidad de enjuiciarlos en tribunales militares. La decisión coincidió con una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para debatir la crisis venezolana.
Una semana antes de la reunión de la OEA, el bloque opositor aprobó un acuerdo en el que pidió al organismo aplicar la Carta Democrática, que prevé sanciones en caso de alteraciones o ruptura del hilo constitucional, lo que Maduro calificó como “traición a la patria”.
El TSJ declaró en desacato al Legislativo en enero de 2016, debido a la juramentación de tres diputados opositores cuya elección fue suspendida por presunto fraude.
La oposición acusa a Maduro de ser el responsable de la risis económica —con la inflación más alta del mundo, recesión y escasez de bienes—. Las elecciones presidenciales están pautadas para diciembre de 2018, mientras que las regionales debieron realizarse a fines del año pasado, pero el poder electoral las pospuso para 2017 y aún no fija fecha.
El excanciller mexicano Jorge Castañeda reprochó ayer a Felipe Calderón por negarse a recibir durante su presidencia al líder opositor Leopoldo López.
“Calderón nunca dijo una palabra sobre lo que ocurría en Venezuela”, afirmó al señalar que ahora que es ex mandatario sí lo hace.
Jorge Quiroga, ex presidente de Bolivia, aseguró ayer en el Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe que México debe fijar una postura sólida.
Para la Casa Blanca, un “serio revés”
El Departamento de Estado de EU condenó ayer la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de ejercer las funciones de la Asamblea Nacional y la consideró un “serio revés para la democracia”.
“Esta ruptura de las normas democráticas y constitucionales daña en gran medida las instituciones democráticas de Venezuela y niega al pueblo venezolano el derecho a determinar el futuro de su país a través de sus diputados electos”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, en un comunicado.
“Pedimos al gobierno de Venezuela que permita a la Asamblea Nacional democráticamente elegida desempeñar sus funciones constitucionales, celebrar elecciones lo antes posible e inmediatamente liberar a todos los presos políticos”, agregó.
Toner subrayó que “las democracias del Hemisferio Occidental, reunidas esta semana en el Consejo Permanente de la OEA, pidieron a Venezuela que respete sus instituciones democráticas mientras busca una solución negociada a sus crisis política, económica y humanitaria”.
