Washington DC, EU.- Con la intención de que se muestre de forma expedita qué tan seguido se revisan y catalogan los contenidos de los dispositivos electrónicos de los estadounidenses y visitantes de otros países en frontera, un grupo de abogados demandó al gobierno de Estados Unidos.
El Instituto Knight First Amendment, de la Universidad Columbia, dice en su querella que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) no ha actuado con prontitud sobre su petición, en la cual solicita detalles sobre el número de personas cuyos dispositivos son revisados en la frontera, sobre quejas derivadas de dicha práctica y sobre materiales de capacitación del gobierno, informó Excélsior.
El Instituto Knight había pedido el número detallado de viajeros cuyos dispositivos electrónicos como celulares y computadoras fueron revisados, y la frecuencia con la que la información fue compartida. También solicitó un desglose de las revisiones de los dispositivos por raza, etnicidad, nacionalidad y condición migratoria, así como detalles de la base de datos del gobierno donde se almacena la información de las revisiones.
El grupo dijo que su petición de archivos del 15 de marzo es concerniente “a la revisión indiscriminada de dispositivos electrónicos de estadunidenses en la frontera”, la cual plantea cuestionamientos legales sobre libertad de expresión y protección de la privacidad. La demanda fue interpuesta en una corte federal de Washington después de alegar que el gobierno no respondió a una petición de resolver de manera expedita la solicitud, una práctica que se permite en algunos casos.
Sarah Rodriguez, una portavoz del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, dijo que la agencia no comenta sobre casos jurídicos en proceso. Representantes del DHS no respondieron por el momento mensajes enviados en busca de comentarios.
Los agentes fronterizos tienen mucha libertad para revisar los aparatos electrónicos de viajeros en los puertos de entrada a Estados Unidos, incluso si se trata de ciudadanos estadunidenses. Se sabe que los oficiales del DHS piden a los viajeros que desbloqueen sus teléfonos o computadoras; algunos agentes han hecho copias digitales del contenido de algunos aparatos.
Los defensores de la privacidad han criticado las revisiones sin orden judicial, y dicen que las computadoras personales y teléfonos suelen contener una gran cantidad de información personal o delicada. La demanda señala un reporte de 2015 en el que funcionarios fronterizos detuvieron e interrogaron a un fotoperiodista franco-estaduunidense mientras revisaban su celular, incluyendo mensajes de texto con un refugiado sirio que fungía como fuente.
“En la actualidad, las personas guardan información íntima en sus dispositivos electrónicos, lo que refleja sus pensamientos, búsquedas, actividades y asociaciones”, escribió el abogado. “Sujetar esa información al escrutinio irrestricto del gobierno invade el núcleo de la privacidad individual y amenaza la libertad de expresión y de investigación”.
Un caso penal presentado ante la Corte de Apelaciones del 4to circuito en Richmond podría determinar la legalidad de ciertas revisiones electrónicas en la frontera.
El senador Ron Wyden, de Oregon, un prominente demócrata en el Congreso, envió el mes pasado una carta al secretario de Seguridad Nacional, John Kelly,en la que le preguntó la frecuencia con la que los agentes fronterizos exigían acceso a dispositivos electrónicos bloqueados, así como bajo qué circunstancias los viajeros estadunidenses tenían que revelar las claves de acceso a sus redes sociales y correos electrónicos. El despacho de Wyden continúa esperando la respuesta.
El instituto presentó la demanda ante la corte federal del Distrito de Columbia, donde los jueces han examinado las demoras gubernamentales para entregar archivos de conformidad con la Ley de Transparencia (FOIA por sus siglas en inglés).
