+ Juicios políticos, el sueño de los justos
Por Martha Elba Torres Martínez
Nada más con ver las dificultades y desencuentros entre la partidocracia y las organizaciones de la sociedad civil en torno a la designación del primer fiscal Anticorrupción del país, ya se puede dar uno una idea de cómo vendrá este proceso para la instancia estatal.
Y no es porque en México no haya hombres y mujeres probos, de irrefutable honorabilidad y honestidad. Abundan y hasta sobran. El problema aquí es que todo se partidariza e intervienen los intereses políticos de las esferas de poder. En Michoacán, ora verán, pasará lo mismo.
Pero a lo que voy, es que la corrupción es tal y tan arraigada en la vida nacional, que el proceso para revertirla será largo y sinuoso.
Viene al caso, porque desde febrero, he seguido el trabajo de la subcomisión de Examen Previo de la Cámara Baja respecto a las 364 solicitudes de juicio político que durmieron, por legislaturas, el sueño de los justos. Como llegaban, se congelaban. Obvio, eran en contra –como se dice en el argot popular- de puros “cacagrandes”.
En lo que va de marzo, la subcomisión ya ha desechado 167 denuncias al declararlas improcedentes. Unos casos, por fallecimiento, como son los de los secretarios de Gobernación, Juan Camilo Mouriño y Francisco Blake; del de Comunicaciones, Juan Molinar Horcasitas y de Educación, Alonso Lujambio.
Pero también fueron eliminadas, las presentadas contra los entonces procuradores capitalinos Miguel Ángel Mancera, Rodolfo Félix Cárdenas y Bernardo Bátiz. Una más, la del polémico ex director de la CFE y hoy presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza.
Justificó la diputada priísta Mercedes del Carmen Guillén que las peticiones de juicio político en contra de estos y otros más, fueron desechadas porque “no son sujetos al procedimiento” o murieron y en otro supuesto será revisar si servidores públicos están dentro del término y existen las pruebas fehacientes en su contra.
En otras palabras, también serán desechadas.
Creo que no requiere de mayor explicación, entender por qué las y los diputados federales en los últimos ocho años no dieron ni siquiera trámite a las peticiones ciudadanas. Es un tema de complicidades corruptas y contra México. El México que en su retórica tanto defienden y enaltecen.
Y cito nada más algunas de las causales y actos que motivan la procedencia de un juicio político, de acuerdo a la normatividad:
“Cuando los actos u omisiones de los servidores públicos señalados por el artículo 110 de la Constitución redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho (Art. 6 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, en adelante LFRSP). Es oportuno dejar claro que no procede el juicio político por la mera expresión de ideas (Art. 7 LFRSP). (…)
– Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior; y
– Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la administración pública federal o del Distrito Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales y del Distrito Federal. (Art. 7 LFRSP).
Asimismo, los gobernadores de los estados, los diputados de las legislaturas locales y los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales podrán ser sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución General de la República, a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales (Art. 5 LFRSP).
Corresponde al Congreso de la Unión valorar la existencia y gravedad de los actos u omisiones. Cuando éstos tengan carácter delictuoso se formulará la declaración de procedencia y se estará a lo dispuesto por la legislación penal.
¿Quién puede promover un juicio?
Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, podrá formular por escrito denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados por las conductas antes señaladas.
La denuncia deberá estar apoyada en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción y estar en condiciones de presumir la responsabilidad del denunciado.
En caso de que el denunciante no pudiera aportar dichas pruebas por encontrarse éstas en posesión de una autoridad, la Subcomisión de Examen Previo, ante el señalamiento del denunciante, podrá solicitarlas para los efectos conducentes. Las denuncias anónimas no producirán ningún efecto.
Y lo más interesante, la legislación establece que solo podrá iniciarse un juicio contra algún servidor público, mientras este se encuentre en funciones y hasta un año después de concluir el cargo.
Lo más sencillo, la Cámara deja correr el término y san se acabó…
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Con una clase gobernante tan desprestigiada como cínicamente corrupta, pocos, muy pocos han sido sujetos al juicio político y solo han pasado por cuchillo, los incómodos al omnipotente presidente en turno.
El caso más emblemático en este rango, es el de Jorge Díaz Serrano, que siendo senador de la República por su natal Sonora, fue desaforado entre 1982 y 1983, tras las acusaciones de la entonces Secretaría de la Contraloría General de la Federación, por un fraude de 35 millones de dólares en la compra de dos buques tanque, cuando fue director de PEMEX. Estuvo en prisión cinco años y hasta un libro escribió.
Otro como dicen “cacagrande” que no fue desaforado, pero sí chamuscado en los tiempos de la renovación moral, fue el ex de Comunicaciones y Transportes, Eugenio Méndez Docurro.
Allá en 1978, se embolsó un cheque de 400 mil dólares que luego tuvo que devolver, para que la dependencia retirara los cargos de los delitos de peculado, fraude maquinado y tentativa de fraude. De hecho, solo estuvo 16 días en el Reclusorio Oriente.
Y quién no recuerda al ex líder petrolero Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, encarcelado por Carlos Salinas de Gortari, también como ejemplo de castigo a la corrupción.
Pero los más recientes sujetos a juicio político para el desafuero, fue, desde luego, el de Andrés Manuel López Obrador, quien en 2005 fue acusado por abuso de autoridad durante su mandato como jefe de Gobierno de la Ciudad de México por el entonces presidente Vicente Fox, que resultó contraproducente.
En ese ínter, se dio el escándalo de las ligas, lo que llevó al entonces asambleísta, René Bejarano al desafuero y a permanecer un año en prisión. De los involucrados, también solo Carlos Ahumada estuvo preso, pero Rosario Robles, hoy peñista a morir, la libró.
A propósito, mucho se contó en tiempos de Lázaro Cárdenas Batel, sobre los encuentros amorosos en Morelia, del empresario argentino y la entonces presidenta del PRD. Hablaban de las encerronas en la suite presidencial del Villa Montaña y los frecuentes viajes secretos en el avión del gobierno del estado, a Cuba.
El último de los poquísimos sujetos a juicio político, fue en 2010 con el ex diputado federal Julio César Godoy, por presuntos nexos con el crimen organizado en Michoacán. Se le desaforó para enfrentar las acusaciones que en su contra emprendió el gobierno del panista Felipe Calderón, pero nunca fue detenido.
Incluso, años después aún se le veía por Lázaro Cárdenas y Morelia en algún restaurante o caminando por alguna plaza comercial.
El caso que Calderón Hinojosa, como presidente de México y con todo el poder que eso implica en nuestro país, nunca pudo consolidar una estrategia contra sus enemigos políticos en propia tierra. Primero, contra Leonel Godoy, del PRD, y luego con Fausto Vallejo del PRI.
La venganza política que ejercieron sus antecesores ya no tuvo sus mismos efectos en un país que cada día está cambiando. Los únicos que siguen sin darse cuenta, son los propios políticos.
Pero en lo que estaba. Estas historias ¿distan mucho de lo que vemos ahora? No. Son peores, porque la impunidad sigue tan campante como entonces…
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LA COMIDILLA
Lo irremediable que resulta ser la reforma al régimen de pensiones y jubilaciones en la Universidad Michoacana. Ya no hay vuelta atrás. Al rector Medardo Serna, la Federación lo agarró de donde se imaginan, y tendrá que sacar el proceso con el Congreso del estado. Por más pataletas y berrinches que hagan empleados y académicos tendrán que aceptar la nueva realidad. ¿Cuánto le costará? Pues nada más hay que tasar a Lalo TenaTrump y al doctor Gaudencio Anaya…
