Juan Antonio Magallán
Morelia, Michoacán.- Tras la actualización a la Ley Forestal del Estado de Michoacán, en el artículo 166, Fracción III, las instituciones del Poder Ejecutivo de la entidad tienen la posibilidad de proceder jurídicamente contra quienes cometan delitos ambientales, acciones que anteriormente solo competían a la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), señaló el titular de la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Cambio Climático (Semarnacc), Ricardo Luna García.
En entrevista, el funcionario estatal celebró que con las nuevas disposiciones legales se espera que disminuya la tala clandestina y los delitos forestales en Michoacán.
“Hoy por primera vez el estado está persiguiendo este tipo de delitos que antes sólo eran de competencia federal”, celebró.
El 23 de agosto de 2016 el Congreso del Estado aprobó la actualización de la ley referida, con lo cual se asentó que cuando se realice una vista de inspección y se presuma que existe riesgo inminente de daños o deterioro al medio ambiente, o cuando se detecte la flagrancia de un delito ambiental grave, se podrá ordenar las medidas de seguridad pertinentes, como la detención de presuntos responsables, el aseguramiento precautorio de bienes y materia forestales, así como cualquier instrumento o herramienta directamente relacionado con dichas medidas.
Además de la clausura temporal, la Ley ahora faculta a la Comisión Forestal de Michoacán (Cofom) para desmantelar los objetos y vegetación inducida de los sitios o instalaciones en donde se desarrollan los actos que puedan dañar la biodiversidad o los recursos naturales.
Antes de estas modificaciones no se destruía el material biológico, ahora se pueden arrancar plantíos ilegales completos, ponerlos a resguardo y esperar a que los posibles afectados reclamen el bien incautado.
Lo anterior ha dado pie a que la Semarnacc encabece procedimientos en el Lago de Zirahuén, en Uruapan, en Zitácuaro, en Villa Madero y a partir de esta semana en Tacámbaro.
En total se han llevado a cabo nueve operativos, los cuales pretenden mantener la sobrevivencia de especies y detener la alteración climática local.
“Es un punto de arranque, pero será consecutivo; los delitos ambientales se persiguen y se castigan hasta con nueve años de prisión, además de la obligación de restituir los recursos naturales”, concluyó el funcionario.
