Ciudad de México.- Gracias a que se han implementado medidas y propuesto de leyes que contribuyen a erradicar delitos contra los derechos humanos, el gobierno federal aseguró que el número de denuncias por tortura y otras violaciones presentadas ante la CNDH se han ‘reducido notablemente’.

Esto luego de que el informe del relator especial de Naciones Unidas, Nils Melzer, señalara que éstas son prácticas generalizas entre “las fuerzas de seguridad y agentes de investigación” para “obtener confesiones o como método de castigo”, informó Milenio.

Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República dijeron en un comunicado que la información sobre delitos de lesa humanidad en el país no son parte del Informe de seguimiento sobre tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que dichas afirmaciones no son más que “las opiniones personales y sin fundamento, que fueron expresadas por algunas personas”.

El gobierno federal  destacó la creación de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Tortura, de la PGR; la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados, y la visita a México del Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura.

A pesar de lo anterior, el informe del relator especial de la ONU indica que los elementos de seguridad pública recurren con frecuencia a “la asfixia, violencia sexual, descargas eléctricas, amenazas de muerte, palizas y tortura psicológica”.

El mismo documento constata la existencia en México de “una situación de inseguridad e impunidad” y sostiene que “la lucha contra la delincuencia organizada ha incrementado la tortura y los malos tratos”.

Pero, añade el informe, “a pesar de los pronunciamientos de autoridades públicas, no se observan investigaciones imparciales e independientes y todo ello tiene vínculos con la impunidad que prevalece en México”.

Finalmente, el comunicado del gobierno federal reiteró su disposición a colaborar con el mandato del nuevo relator especial y reiteró su compromiso de “administrar la justicia pronta y expedita, con el debido respeto a los derechos humanos”.


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