Alejandro Amado
Morelia, Michoacán.- Con 33 votos a favor, cuatro abstenciones, un voto en contra y dos ausencias de legisladores panistas, el Congreso del Estado autorizó a la Secretaría de Finanzas y Administración a que lleve a cabo el proceso de reestructura o refinanciamiento de 11 mil 500 millones de pesos de deuda pública estatal que se tiene con cuatro instituciones financieras, además de la deuda bursátil.
En la discusión de las reservas el pleno camaral aprobó que la auditaría forense a la Cuenta Cargos por Aplicar, que busca encontrar el origen de los probables desfalcos, se realice por medio de un despacho externo y se presenten informes trimestrales, además de un informe final de los resultados de la reestructura.
Además, se eliminó el segundo artículo transitorio del dictamen, pues resultaba inconstitucional al brincarse la Ley de Deuda Pública Estatal, y se estipuló que parte de los ahorros derivados de la reestructura se destinen a proyectos de inversión pública productiva.
De esta manera el Pleno de la LXXIII Legislatura autorizó al Gobierno del estado a buscar mejores condiciones para casi una tercera parte de los 35 mil millones de deuda pública que tiene el estado. Esto tras horas de posicionamientos a favor de legisladores de todos los partidos, salvo el razonamiento en contra de Eduardo García Chavira, quien terminó por abstenerse.
Pese a que la bancada panista había manifestado su rechazo a la iniciativa del Ejecutivo, finalmente los blanquiazules optaron por abstenerse o ausentarse como fue el caso de Héctor Gómez y Macarena Chávez. Únicamente el diputado presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública votó en contra del dictamen.
Entre las modificaciones más importantes que sufrió el dictamen, luego de las negociaciones en comisiones unidas, destaca la ya mencionada decisión de incluir una auditaría forense a la Cuenta Cargos por Aplicar desde 1996 hasta 2014 -a la que se añadieron los informes trimestrales y que se realice por un despacho externo-, además de la eliminación de la garantía de pago oportuno y la reducción de 25 a 20 años del tiempo a renegociar.
