EDITORIAL – La reestructura de la deuda, un paso adelante

Finalmente, un halo de sensatez salió ayer del Congreso local y todo hace indicar que mañana en el pleno se aprobará la iniciativa para reestructurar la deuda pública que desde el año pasado presentó el gobernador Silvano Aureoles con el propósito de restarle presión al presupuesto estatal y que los créditos bancarios contratados durante la administración de Fausto Vallejo no terminen por colapsar, al corto plazo, los programas de gasto público programado.

El dictamen que se votará y seguramente se aprobará llega con el visto bueno de los diputados del PRD, PRI y Verde, tras el acuerdo que se alcanzó ayer en una larga reunión que tuvieron los integrantes de las comisiones camarales de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda con el secretario de Finanzas, Carlos Maldonado, quien hizo una detallada explicación, primero, de las condiciones nada favorables como se contrató la deuda en el pasado, y segundo, de la necesidad -ya no conveniencia- de buscar una salida, antes de poner en riesgo la viabilidad misma de los planes y proyectos elementales para los michoacanos, como son los de seguridad, infraestructura regional y combate al rezago y la pobreza.

Sólo los legisladores del PAN siguieron renuentes a la aprobación de la reestructura, en una posición que sólo puede ser entendible a partir de sus propios cálculos partidistas y conveniencia política, pues desde que el Ejecutivo presentó la iniciativa, ni una alternativa ni propuesta se escuchó de parte del blanquiazul; su rechazo, incluso, perdió validez cuando se redujo a la queja -que nadie más secundaba, por cierto- de que les faltaba información.

Ya en sus últimas rabietas, este lunes los panistas condicionaron su voto a favor del dictamen, a que se cumpliera con su exigencia de liquidar antes del 2018, un crédito que por 351 millones de pesos se adquirió con Banca Interacciones.

En fin, salvemos por ahora las suspicacias de tantas trabas que se pusieron a la reestructuración de la deuda pública, y confiemos que este primer acuerdo de trascendencia entre los grupos parlamentarios mayoritarios del PRD y del PRI, permitan al Ejecutivo negociar mejores condiciones con los bancos para cubrir las obligaciones bancarias que se tienen por 10 mil 906 millones de pesos, que es el monto que se reestructurará.

Ojalá también sirva este proceso para insistir que se acelere la investigación que se abrió sobre el manejo del presupuesto en la administración pasada y cuyas irregularidades detectadas han obligado a la presentación de 12 denuncias penales en contra de diversos ex funcionarios por su presunta responsabilidad en el desvío de recursos del estado y malversación a las asignaciones presupuestales se programas y fondos de inversión.

Las denuncias, como se sabe, ya están en los terrenos de las procuradurías General de la República (PGR) y General de Justicia del Estado (PGJE), en espera de que se integren las carpetas de investigación correspondientes y se deslinden responsabilidades ante la autoridad judicial competente.

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