El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcazar, fue ayer a Ciudad de México a recibir la notificación de que le fueron autorizados 63 millones de pesos de subsidio federal para capacitación, exámenes de control de confianza, equipamiento y formación de policías en la capital michoacana, así como para programas de prevención del delito. Los fondos provienen el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad.
En el acto en que se hizo el anuncio, el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Alvaro Vizcaíno, fue tajante al advertir que los recursos deben aplicarse de tal forma en que la ciudadanía vea y sienta los resultados, pues “de nada sirve comprar patrullas, chalecos antibalas y equipamiento”, si no se depuran las corporaciones y se les capacita adecuadamente en su tarea fundamental: la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos.
Más todavía. El funcionario advirtió que el combate a la delincuencia se requiere de una estrategia integral para la prevención, capacitación y fuerza reactiva, que sólo puede entenderse a partir de la coordinación estrecha entre los tres niveles de gobierno, con el propósito de proyectar en una sola dirección y objetivo las políticas públicas en la materia.
Las citas no tienen desperdicio si se considera que precisamente el alcalde moreliano, que ayer presumía “las gestiones hechas” para lograr el subsidio federal en seguridad, ha sido renuente a coordinarse con el gobierno estatal en las acciones y estrategias contra la delincuencia en la ciudad.
Fuera de interpretaciones, lo cierto es que Martínez Alcázar lejos está, en público y en privado, de querer cumplir con los propósitos aquellos de la “estrecha coordinación”, a pesar de que los índices delictivos van a la alza, la inseguridad se ha convertido en uno de los principales males que aquejan a los morelianos y que -lo sabe perfectamente el alcalde- el ayuntamiento carece de una corporación policiaca lo suficientemente fuerte, en cantidad y calidad, para hacer frente a esa realidad.
Es más, en su terquedad, el alcalde parece desoír los reclamos que desde todos los sectores -público, privado, militar, legislativo, académico y grupos de derechos humanos- surgen advirtiendo la necesidad imperiosa de que alcaldes y gobernadores correspondan a las responsabilidades constitucionales que asumieron al ser electos para garantizar la seguridad de los gobernados. Y que no es con evasivas ni repartiendo culpas como se podrá salir de la crisis en la que estamos inmersos.
El alcalde, más que terquedades, debe pues a los morelianos explicaciones y, sobre todo, resultados. No estamos hablando de un asunto menor o que se vaya a resolver a partir del estéril debate político. Se trata de la seguridad de todo y de la certeza de que los recursos asignados para ese fin, se cumplan en estricto apego al reglamento de los programas y subsidios definidos en el Presupuesto de la Federación.
Y recurriendo a la cita de Vizcaíno, diríamos aquí: la inseguridad no la vamos a revertir ni con palabras, ni compras ni acciones de ornamento.
Lo leyó usted en primeraplananoticias.mx
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