Criminalización
Por Alejandro Báez
Hace una semanas, en este mismo espacio, reflexionamos sobre la Constitución mexicana y sus casi 700 reformas en cien años. En aquel entonces decíamos que la “Constitución (…) nació siendo letra muerta y al servicio de quien gobierne para modificarla al antojo y necesidad de sus pasiones y pretensiones” (leer texto completo en primeraplananoticias.mx). La excarcelación de Elba Esther Gordillo, a quien le concedieron arraigo domiciliario por cuestiones de salud, y la negativa de trasladar de penal al doctor Manuel Mireles, también por razones humanitarias de salud, hacen evidente que las leyes mexicanas son acomodaticias y responden a intereses políticos.
La revista digital Sinembargo cita cómo en los cuatro años y meses de la gestión presidencial de Enrique Peña Nieto “algunos de sus opositores han sido perseguidos y encarcelados por acusaciones de corrupción y delincuencia organizada, mientras que otros personajes señalados, incluso históricamente, por el mal uso del erario o de las cuotas de sus sindicalizados, gozan de libertad, fortuna y en algunos casos de los grandes beneficios que otorga un puesto público” (leer texto completo aquí).
Tal es el caso del líder de los petroleros, Antonio Romero Deschamps, quien sigue siendo impune a toda acción judicial y penal porque fue uno de los artífices para que el sindicato de Pemex no se movilizara en contra de la privatización peñista de la paraestatal, a pesar de sus alardes de millonario y de residir en los Estados Unidos.
México es un país en donde la ley se cumple de forma servilista. Rinde pleitesía al mejor postor. Siempre al detractor, al que cuestiona o al que levanta la voz se le criminaliza y el resultado final es el mismo: o se le asesina o se le encarcela… Pero en ambos casos se le elimina.
Por otro lado el servidor fiel del sistema, mientras siga siendo útil, qué importa que robe, transe o desvíe.
México no podrá ser un país de derecho ni una nación moderna mientras la ley mordaza continúe teniendo vigencia no escrita pero sí de facto. Censurar, silenciar, amenazar, encarcelar y tratar como criminales a defensores sociales, como Mireles, es denigrante; darle derecho a Elba Esther Gordillo de estar en la comodidad de su casa, es el premio para mantenerla callada.
Aquí, el chiste de mi abuela viene totalmente al caso: “Si el gobierno mexicano encarcela a todos los corruptos del país, ¿quién cerrará la puerta?”
Pero esto es tan solo mi opinión.
Hasta la semana entrante.
