Entre los que se asumen como “los paladines de las libertades” y a los que se identifica como “los nefastos del oficialismo” en el espectro del debate político nacional, la sociedad mexicana nomás no la ve llegar. Y, ¡oh, sorpresa!, resulta que todos son “muy buenos”. Más sorpresas: además de bondadosos, todos son poseedores de “la verdad” y presumen, casi casi, de llevar en sus manos la varita mágica con la que habrán de poner fin a los males del país.
La realidad, sin embargo, los exhibe. Presos de la lucha por el poder y los ojos puestos en el 2018, son incapaces de ponerse de acuerdo en lo más elemental de los temas medulares para el país.
Lo anterior viene a cuento porque al parecer nos están llevando -otra vez- a lo que parece un callejón sin salida en materia de seguridad y ya sabemos los bodrios legislativos que resultan cuando en la discusión y análisis de las iniciativas domina el interés partidista-electoral y las torcidas visiones radicales y extremistas.
Sí, volvió a posponerse la presentación y en su caso aprobación del proyecto de ley de seguridad y interior o de seguridad nacional -como termine llamándose- y en este impasse surgen y llenan espacios las voces y opiniones de quienes auguran que se vienen encima todos los males: la militarización del país y, con ella, la represión y las violaciones a los derechos humanos; del otro lado de la arena, los que piden la definición del marco jurídico y de operaciones de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia organizada, que ven como única alternativa.
El caso es que no se ponen de acuerdo y lo cierto es que en el conteo de homicidios con violencia que llevan a cabo diversas organizaciones dedicadas a la investigación de los temas de seguridad, vamos de mal en peor. Ni con Felipe Calderón ni ahora con Enrique Peña Nieto en la Presidencia, los mexicanos nos sentimos más seguros y tranquilos.
De acuerdo con algunas cifras recientemente dadas a conocer por Lantia Consultores, en enero de este año se registraron en el país mil 387 ejecuciones, es decir, 558 más que las 829 reportadas en el mismo mes de 2016. Y si la tendencia se mantiene -como parece ser por lo violento que ha sido febrero- podríamos terminar el año peor que en el periodo más sangriento del sexenio calderonista (2011) cuando las estadísticas promediaron mil 314 ejecuciones por mes.
O sea, poco o nada ha cambiado; ni siquiera la estrategia, porque tenemos que la feroz guerra que se mantiene contra los cárteles de la droga, sólo confirman, por un lado, la capacidad de fuego de las organizaciones criminales, y por el otro, que la población cada vez está más expuesta a quedar en medio del fuego cruzado.
La violencia sigue siendo el pan nuestro de cada día y entidades que antes no aparecían entre los más castigados, como Guanajuato, Querétaro y Nayarit, hoy encabezan algunas de las listas más representativas de la inseguridad.
Entonces, ¿sobre qué realidad se discute? Tanto a los impugnadores a ultranza de la aún lejana ley de seguridad, como a sus defensores e impulsores, se les olvida algo: la sociedad y sus seguridades y garantías, los mexicanos de a pie.
Unos, por su retorcida visión de que todo va dirigido a la represión de movimientos sociales y políticos e incluso califican la iniciativa como “golpista”; los otros, porque al parecer quieren sólo legalizar y legitimar lo que a la luz de la realidad, ha resultado un fracaso.
Por eso decimos: parece que nos están llevando, otra vez, a un callejón sin salida.
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