Redacción

Puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán.- Una deuda millonaria dejó el consorcio constructor Ingenieros Civiles Asociados (ICA), con 15 empresas prestadoras de servicios en este puerto, que les debe desde hace más de un año. Los empresarios michoacanos emprendieron esta semana airadas protestas a las puertas de la torre Esmeralda II en las oficinas centrales de Ciudad de México para exigir a la firma mexicana el pago de su dinero.

Se trata de empresas locales que prestaron servicios de construcción, equipo, herramientas y materiales para las obras de la Terminal de Contenedores Especializada que tenía bajo su responsabilidad ICA, indicó el grupo inconforme.

La concesionaria de la Terminal de Contenedores, APM Terminals, separó a ICA de la magna obra tras rescindirle el contrato por incumplimiento, y en septiembre de 2015 la firma constructora abandonó el puerto de Lázaro Cárdenas dejando una deuda cuantiosa con las 15 empresas porteñas a las que les había contratado servicios de diversos giros.

“No nos iremos; acá –en la Ciudad de México- estamos más de un centenar de personas, entre empresarios y trabajadores y hemos hecho un frente común para aguantar la contingencia, porque no podemos regresar sin una respuesta a Michoacán donde nos esperan los bancos con los que nos endrogamos para cumplir nuestros compromisos con ICA”, dijo el grupo de prestadores de servicios entrevistados vía telefónica.

Dijeron que el martes, primer día de su manifestación en las oficinas centrales de ICA, los trajeron dando vueltas y ningún directivo los atendió:

“Eso nosotros lo tomamos como una burla; hoy miércoles nos recibió un ejecutivo del área de finanzas y nos ofreció migajas paras que nos retiráramos, pero no lo haremos hasta obtener una respuesta”.

Señalaron que en septiembre de 2015 la firma constructora:

“Empezó a recoger su equipo y se fue dejando una hoja de finiquito a los diferentes prestadores de servicios. Se comprometieron a pagarnos, pero nunca nos dieron fecha, por eso es nuestra inconformidad; algunas empresas ya quebraron porque no pudieron pagar a los bancos con los que habían contratado créditos”.

Reclamaron que cuando esto sucedió, los empresarios locales afectados pidieron permiso a la concesionaria APM Terminals para ingresar al edificio donde se encontraba el equipo con el que laboraban en las obras, pero les negaron el acceso.

“Teníamos equipo diverso, compactadoras, excavadoras, herramientas de mano, pero ya no nos dejaron entrar para recuperar nuestras cosas”.

Señalaron que el año pasado le enviaron una carta al Gobierno de la República, pero no han obtenido respuesta a sus reclamos.


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