La información que ofreció ayer la controlara del estado, Silvia Estrada Esquivel, es contundente: en el periodo 2012-2015 del gobierno anterior, se detectaron diversas irregularidades en el uso de los recursos públicos que permiten concluir que se “desviaron” 3 mil 759 millones de pesos. ¿Hacia dónde fue el “desvío”? ¿Por que se le causó un daño a la hacienda pública del estado por esa misma cantidad?
No se sabe aún; las investigaciones continúan. Pero el caso es que la Contraloría de Michoacán encontró elementos para solicitar que las procuradurías General de la República (PGR) y de Justicia del estado (PGJE) indaguen y en su caso pidan las órdenes de aprehensión respectivas en contra de diez ex funcionarios -incluyendo “dos ex gobernadores”- por los presuntos delitos de peculado -cuando una persona se queda con el dinero público que debía administrar-, fraude y abuso de atribuciones.
Ya fueron presentadas las denuncias penales que corresponden, precisó Estrada Esquivel. Se trata de un dineral: 3 mil 759 millones de pesos en cuatro años, que no se sabe a dónde fueron a parar. Ahora, toca esperar que tanto la PGR como la PGJE hagan su tarea. Que investiguen con apego al estado de derecho y procedan, como ahora se dice, bajo el debido proceso.
Lo que si queda claro es que las cosas no pueden quedar ahí. Sería peor, tanto para quienes están involucrados en el curso de la administración hoy bajo sospecha, como para los ciudadanos que tienen derecho a saber qué fue lo que ocurrió con ese dinero.
Para el actual gobierno también sería saludable que las investigaciones se desarrollen sin demora y se deslinden responsabilidades, pues la situación, en general, no está como para ‘dejar hacer y dejar pasar’. El combate a la corrupción y a la impunidad son hoy temas de la agenda ciudadana, que calan y han sacudido las fibras más sensibles de los mexicanos.
Y si no, que volteen a ver los casos de Veracruz, Sonora, Quintana Roo, Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila, por citar solo algunos de los casos en que los ex gobernadores -algunos de ellos prófugos de la justicia y otros ya bajo proceso- han sido señalados y acusados formalmente de defraudar y enriquecerse con los recursos públicos.
Son tres políticos los que, por diferentes motivos y circunstancias, ocuparon el cargo de gobernador en el periodo bajo sospecha: los priistas Fausto Vallejo y Jesus Reyna, y el ex rector de la Universidad Michoacana y actual subsecretario de Educación Superior des SEP, Salvador Jara Guerrero. De las dependencias involucradas en el presunto “desvío” de miles de millones, destacan la Dirección de Pensiones Civiles y el Instituto de Vivienda, así como el Fondo de Participaciones Federales.
Son diez ex funcionarios los probablemente involucrados en el fraude. Ya están denunciados.
Y si, lo mejor para todos es que se investigue; se deslinden responsabilidades, y se castigue a quien o quienes se tenga que castigar.
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