Ya nos entretuvimos mucho durante varios días con la inoportuna pregunta de Enrique Peña Nieto en torno a lo que se pudiera haber hecho en lugar de autorizar de sopetón alzas de entre el 15 y 20 por ciento en las gasolinas. Ya dejemos atrás el siempre engañoso y oportunista “hubiera”. Sería mejor escuchar y plantearnos qué vamos a hacer, porque resulta que en febrero viene otro incremento a los combustibles, además de que los pronósticos se están cumpliendo y el peso mexicano se encuentra en su peor momento.
La mayoría de los expertos financieros del país estiman que al cierre del próximo mes de febrero el aumento al precio de las gasolinas y el diésel será de alrededor del 10 por ciento; que la liberalización y ajustes reales del mercado -con aumentos diarios regionales a partir de marzo- sólo se verán reflejados hasta el 2018, y que una vez eliminado el subsidio, sólo podrán ir a la baja si en la Ley Ingresos del próximo año, se elimina el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
En cuanto a la depreciación de nuestra moneda frente al dólar y su impacto en los precios de productos, bienes y servicios, la presión por la próxima toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y la caída de los precios internacionales del petróleo provocaron que el tipo de cambio rebasara ayer la temida barrera de los 22 pesos. Lo más optimistas creen que a partir del 22 de enero -cuando Trump llegue a la Casa Blanca- ya no bajará y se detendrá -mas o menos- en los 22.50 pesos por dólar; los más pesimistas, creen que puede llegar a los 24 pesos.
Sin ser fatalistas, todos esos elementos conjugados podrían generar jornadas de protesta social aún de mayor intensidad a lo que vimos al inicio de este mes: cierre de carreteras, bloqueos a centros de distribución de Pemex, cierre de gasolineras y, no hay que descartar, la vuelta de actos de sobotaje y saqueos en tiendas y centros comerciales.
Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Qué vamos a hacer como sociedad?
El problema ya lo tenemos encima. Y para empezar, deberíamos plantearnos qué no le conviene al país. Definitivamente, lo que no le conviene es la división, la confrontación, la violencia y la provocación.
Gobierno, partidos políticos, precandidatos, empresarios, organismos de la sociedad civil y medios de comunicación tenemos la responsabilidad de contribuir a evitar que el entendible malestar ciudadano y la siempre sana movilización social degeneren en violencia, que a final de cuentas a los que más afecta es precisamente a las familias mexicanas.
A partir de la identificación de lo que no nos conviene y de lo que no nos sirve, toca seguir exigiendo al gobierno claridad en la información sobre la situación de las finanzas federales, estatales y municipales, así como la presentación de acciones concretas para, por lo menos, paliar los negativos impactos en el ingreso de los trabajadores del país.
Peña y quienes lo acompañan en el gabinete, deben sacudirse la modorra; dejar atrás discursos y “acuerdos económicos” cupulares que poco dicen y absolutamente nada solucionan y que terminan por verse como una burla para los mexicanos.
El presidente pierde autoridad cuando llama a la unidad y se muestra incapaz de ser claro en el gasto de su administración; contundente en el combate a los abusos y la corrupción, y solidario con las familias mexicanas que ven como su ingreso se empequeñece e incluso, puede perderse.
¿Qué va a ser el presidente Peña ante lo que sigue? El momento exige claridad, transparencia, seriedad, compromiso, acciones concretas, solidaridad y comprensión.
¿Todavía tenemos presidente? Esa es, también ya, pregunta obligada. Su inacción tampoco sirve.
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