Citamos en la columna de ayer tres aristas desde las cuales se abordaría el riesgo de integrar formalmente a los militares a las tareas de seguridad pública: el carácter beligerante de cualquier ejército, la histórica anomia en la que opera el Ejército mexicano y los macabros resultados que en general acarrea integrar a soldados a las tareas de seguridad pública.
Ayer abordamos el primero. Hoy corresponde el segundo.
La relación de México con sus fuerzas armadas durante todo el siglo XX constituyen un tema complejo por sus particularidades. Según varios expertos, históricamente las fuerzas armadas de México han sido subordinadas al poder civil. No hay grandes registros de asonadas beligerantes hacia el poder civil en la historia moderna de México; el último golpe de estado data de 1917. Las veces que el Ejército ha actuado contra sus propios ciudadanos –caso paradigmático de Tlatelolco y el periodo de la Guerra Sucia– ha ocurrido, basicamente, con la venia, o directamente por orden, del gobierno de turno.
Las causas de esa subordinación son tres, aseguran Moloeznik y Suárez en el estudio citado ayer: la composición eminentemente popular de la milicia; la incorporación sistemática de militares al gobierno (caso evidente en la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Marina) y el bajo nivel de gasto militar comparado con el resto del continente. Durante el siglo XX se mantuvo a las fuerzas con un número reducido de efectivos, se les dio un presupuesto pequeño y se vinculó a los militares al desarrollo económico y acciones con sentido social. Aún es frecuente ver en México, a diferencia de otros países, a elementos militares prestando apoyo en casos de desastres naturales y eventos similares.
Y esa responsabilidad social tuvo, y tiene, su reciprocidad. De manera permanente las encuestas arrojan que el Ejército y la Marina se encuentran entre las instituciones más confiables para los mexicanos, con cifras superiores incluso a supuestos bastiones morales como la Iglesia (ni hablar de gobiernos o partidos, despreciados abiertamente por el mexicano promedio). Al momento de redactar estas líneas una encuesta del día en Excelsior arroja que 81% de los votantes aprueba la permanencia de los militares en tareas de seguridad pública, contra apenas 19% que la rechaza; los analistas aseguran que esta confianza en las fuerzas armadas mexicanas resulta extraña en un país que no ostenta grandes niveles de desarrollo económico en los últimos años, y otorga a la realidad nacional características aún más únicas e indescrifrables.
Los gobiernos se suman con entusiasmo. Hoy el propio modelo policial de mando único estatal es, en la práctica, un ejercicio de militarización. El nuevo esquema implica un tránsito del sistema policial descentralizado al centralizado, que descansa en la unificación de las policías municipales y estatales para garantizar la unidad de mando. ¿Quiénes quedan a cargo de ese mando? En febrero de 2012 (el recuadro es de hace 4 años, pero aún resulta válido porque este texto es un ejercicio de reconstrucción histórica), en 14 de las 32 entidades federativas la seguridad estaba en manos de militares.
Como si lo anterior no bastara, la propia Corte Suprema avala la actuación de militares en asuntos de seguridad pública. Cinco tesis citadas por los autores del estudio antes expuesto (XXV/96, XXVII/96, XXVIII/96, XXIX/96 y XXX/96) establecen que las fuerzas “pueden participar en acciones civiles a favor de la seguridad pública, en auxilio de las autoridades civiles”. Cuando se piensa que la Corte Suprema es la estructura encargada de de dirimir respecto de los asuntos que escapan a la capacidad política del Ejecutivo y el Legislativo, el hecho cobra especial relevancia.
¿Qué significa, en síntesis, todo lo anterior? Que los mexicanos confían en sus militares, que no miran mal que los gobiernos utilicen militares para las tareas de seguridad. ¿Es pertinente retirarlos en este momento?
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P.D. Todo tiene una contraparte. En 2012 hubo 1450 quejas oficiales ante la CNDH por abusos en contra el Ejército; la cifra oficial bajó en los siguientes años y en 2014 llegó a 570. Varios analistas desconfían de esa cifra oficial.
