Estalló el secretario de la Defensa Nacional, general de división Salvador Cienfuegos, e inopinadamente lanzó severas críticas al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al Poder Legislativo y a los gobernadores y alcaldes del país.
“No estamos a gusto persiguiendo delincuentes”, aseveró ayer el jefe militar en la reunión de fin de año con los medios de comunicación. “Los militares no estudiamos para eso”, precisó. Y ante la falta de un marco legal que regule la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, advirtió que en las unidades castrenses “ya se lo están pensando si continúan en esa tarea” por el riesgo constante de que los soldados sean acusados de violar derechos humanos. “Yo soy el primero en levantar no una, sino las dos manos, para que nos regresemos a los cuarteles”, indicó.
Acusó la desesperante pasividad de la secretaria de Gobernación en el tema y hasta el desconocimiento que hay entre los legisladores sobre los términos que se plantean en la iniciativa de Ley de Seguridad Interior que se presentó en la Cámara de Diputados. Pasan los años y “nadie tiene prisa” y los soldados son los que enfrentan los problemas.
Sobre los gobernadores y alcaldes, dijo que a 10 años de que se les encargara a la Defensa Nacional y a la Secretaria de Marina responsabilidades de seguridad pública, los estados y los municipios no han reconstruido sus cuerpos policiacos para asumir la tarea que les toca y a la que están obligados constitucionalmente.
No es la primera vez que el general Cienfuegos exige la definición del marco legal que ampare a las fuerzas armadas en sus labores de seguridad, y seria erróneo creer que el énfasis de ayer en sus críticas y demandas implicará el regreso inmediato de los soldados a los cuarteles.
Si, en cambio, podríamos estar a la vista de un nuevo escenario en el que el alto mando militar pida, reclame una mayor participación en las decisiones políticas y de seguridad interior -hasta ahora responsabilidad exclusiva de la secretaría de Gobernación-, sobre todo por la incapacidad e indefinición que han exhibido las autoridades civiles para combatir a los grupos delincuenciales y garantizar la seguridad de los mexicanos.
Esto último fue lo que puso sobre la mesa el titular de la Sedena, cuando decidió echar en cara que se cumplieron ya 10 años “y seguimos realizando funciones que no nos corresponden, y todo porque no hay quién las haga o no están capacitados para ello”.
Y para colmo, quienes deberían regular esta situación, no hacen nada.
Los militares, pues, exigen voz y voto en las decisiones y un mayor activismo en el curso institucional. No quieren ser más un actor pasivo en el debate de los temas que directamente les conciernen.
Ese es el escenario que se vislumbra. Y si se cumple, la iniciativa de Ley de Seguridad Interior que hoy está parada en el Congreso de la Unión tendrá cambios sustanciales. ¿Buenos o malos para el futuro del país? Por lo pronto lo único que se puede afirmar es que el Ejército y la Marina no se quedarán al margen de lo que se debata y apruebe.
Su mano y peso se notará. Y se sentirá.
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