Ciudad de México.- La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó con 15 votos a favor y dos abstenciones, la Ley de Víctimas que pasará a discusión del pleno legislativo.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Martínez Neri, reiteró que la aprobación de esta ley es una de las prioridades de las ocho fracciones parlamentarias representadas en la Cámara de Diputados por lo que se dijo confiado en que sea votada por el pleno antes de que concluya el periodo de sesiones el próximo 15 de diciembre.
Milenio Digital informó que la minuta plantea modificaciones a un total de 72 artículos de la Ley General de Víctimas aprobada en 2013: reforma 39 artículos; realiza adiciones a 34 preceptos, entre las que se encuentran adiciones de nuevos artículos; y deroga disposiciones en nueve preceptos.
El documento enviado por el Senado establece principalmente modificaciones para agilizar la operación de los fondos de ayuda, asistencia y reparación integral.
También establece la sustitución del órgano colegiado al frente de laComisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por un órgano unitario representado por un comisionado ejecutivo, sin filiación partidista propuesto por el Presidente y ratificado por las tres cuartas partes del Senado.
Durante la discusión de la minuta, el diputado de Morena, Alfredo Basurto, cuestionó la distribución del fondo de victimas, así como la asignación del comisionado ejecutivo por lo que presentó un voto en particular a nombre de su bancada.
Las reformas y adiciones avaladas por el Senado consideran que la CEAV cubra con ese fondo las medidas de ayuda inmediata, siempre y cuando la comisión estatal respectiva no tenga disponibilidad de recursos y se comprometa a resarcirlos.
Entre las medidas de ayuda destacan los gastos funerarios, así como de transportación, hospedaje y alimentación para realizar diligencias derivadas del hecho victimizante.
Adiciona asimismo un capítulo “De los Fondos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral en cada Entidad Federativa”, donde se establece que las aportaciones anuales de cada entidad federativa a su respectivo fondo estatal será igual a 50 por ciento de la asignación destinada al fondo federal.
La minuta propone además que los afectados tendrán derecho a solicitar a la Comisión Ejecutiva, o a sus equivalentes estatales, un asesor jurídico, en caso de que no quiera o no pueda contratar un abogado particular.
