Todos los esfuerzos que se hacen desde el gobierno, la sociedad civil, el núcleo familiar y los medios de comunicación para combatir y desterrar la violencia de género y su consecuencia inmediata que es el maltrato a la niñez, deben convertirse en parte de nuestra cotidianidad y pasar a ser agenda prioritaria de todas las instituciones del Estado mexicano, pues se trata de un tema que habrá de medirnos como una sociedad más democrática, justa y acorde con los principios básicos de las políticas públicas del bienestar, que no son otra otra cosa que la siempre citada -y también postergada- ciencia política de la igualdad, la fraternidad y la libertad.
En México falta mucho camino por transitar, sin duda, pero también es innegable que en los últimos cinco años hemos dado pasos muy importantes, firmes, hacia la dirección que como país estamos buscando: remodelar conceptos, principios y valores. ¿Que seguimos trabajando y batallando por esa definición? Es incuestionable. No obstante, la cada vez mayor participación e involucramiento de la sociedad y la obligada aceptación de los gobiernos de que la violencia de género es un tema de seguridad social y de salud pública, nos hacen afirmar que, con respecto a la década pasada hemos dado un paso agigantado.
No esta de más recordar, por ejemplo, que hace apenas muy poco, hablar de la alerta de género era prácticamente ‘pecaminoso’ para los políticos y gobernantes del país. Así ocurrió en Michoacán, durante el cuatrienio del perredista Leonel Godoy, y en el Estado de México, cuando era gobernado por el ahora presidente Enrique Peña Nieto. Y así era en cualquier otra entidad de la República. El tema estaba prácticamente vedado.
Poco a poco se he ido desprejuiciando el problema -ojalá pronto, muy pronto se despolitice- y podamos avanzar también hacia la identificación y convencimiento de que la lucha contra el flagelo no tiene que ver únicamente con la denuncia, la persecución y el castigo a quien lo comete, pervierte e incluso negocia con su actividad, sino de que hay que ir a la raíz: la educación, el cambio de los modelos culturales y la aceptación de caducidad del rango de valores familiares y religiosos que ya muy avanzado el siglo XXI resultan obsoletos ante la nueva realidad, exigencia y necesidades de los mexicanos.
Andar por esa ruta nos llevará a concluir en la definición de objetivos que la mayoría estamos buscando: un país, una comunidad menos violenta, más justa y, sobre todo, a sentar las bases primarias -por preferentes- que toda sociedad que se quiera democrática requiere.
Nos toca, como sociedad, dar ese paso. Dándolo, obligaremos a los gobiernos a seguir avanzando; a las organizaciones de la sociedad civil, a seguir presionando, y a las representaciones de educación privada y religiosas, a modificar sus esquemas y propuestas caducas, sin cabida en las sociedades democráticas y políticas públicas de bienestar.
No es este un tema de voluntarismo. Mal que bien, a querer o no, por ahí transitamos todos. De lo que se trata, si, es de aceptar que la violencia de género y su consecuencia inmediata, el maltrato a la niñez y a la juventud, son tan deleznables y dañinos para la convivencia social como cualquiera de los otros cánceres y flagelos que tanto frenan al país.
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