Morelia, Michoacán.- Según Juan Carlos Silva Adaya, magistrado de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las comunidades indígenas tienen derecho a autodeterminarse desde el punto de vista normativo, y también en relación a cómo establecen sus formas de organización política, económica, social y cultural. Recordó que hay precedentes muy importantes, citó específicamente el caso de Cherán.
“Esto tiene que ser tutelado por el Estado Mexicano, el cual debe proveer condiciones para que se puedan ejercer estos derechos”, enfatizó.
Puntualizó que no solamente están los derechos que se reconocen desde el Artículo 2º de la Constitución, sino también el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
“Habrá que revisar los procedimientos que se han establecido por los tribunales, y desde luego también por los institutos e instancias de gobierno. Es a partir de estos datos que tendrá uno que estar muy atento al desarrollo de los acontecimientos”, dijo.
Aseguró no tener conocimiento de más casos de comunidades indígenas de Michoacán en la Sala Regional de Toluca y negó que la búsqueda de los pueblos indígenas por acceder a presupuestos directos y gobernarse por usos y costumbres obedezca a una desconfianza a las autoridades, dijo que más bien responde a su derecho a autodeterminarse.
“Ellos tienen derecho a autodeterminarse y a que se reconozca por el Estado Mexicano, es decir, que se respeten sus formas de organización –económica, social, cultural y política-, y se tiene que respetar lo que se establece en la Constitución, el prinicipio de unidad del
Estado nacional y el carácter pluriétnico, cultural y plurilingüistico de la nación mexicana”.
Ante señalamientos por parte de legisladores locales en el sentido de que hace falta una sala especial para asuntos indígenas dado que los tribunales se extralimitan en sus funciones al reconocer un cuarto poder de facto sin que esté legislado, el magistrado reconoció que faltan cosas por hacer pero no necesariamente establecer una sala especial.
Sostuvo que serán los pueblos indígenas y la sociedad civil quienes juzguen el trabajo de los tribunales electorales en esta materia. Afirmó que hay quienes han encontrado respuestas en las resoluciones de los tribunales, otros no tanto, pero enfatizó que siempre hay respuestas oportunas desde el TEPJF, nunca mayores a tres semanas, especificó.
