Pichátaro, polarizado; diputado pide intervención de gobierno

Morelia, Michoacán.- Una familia de San Francisco Pichátaro fue expulsada de la comunidad “por no estar de acuerdo en la forma como se está transitando hacia esta nueva forma de gobierno”, declaró el diputado presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del estado, Ángel Cedillo Hernández, quien dijo haber acompañado a la familia, actualmente desplazada en Uruapan, a presentar la denuncia penal donde se acusa a miembros del Concejo Comunal de cargos como amenazas, lesiones, robo, allanamiento de morada, daño en las cosas, portación de armas, y hasta una agresión sexual. Los hechos, según los denunciantes, ocurrieron el 25 de octubre por la noche.

Existen cuatro denuncias formales, provenientes de una misma familia, que se conjuntaron en la Carpeta de Investigación 1004201650453 con el número de expediente 21771/UATP/URU/2016 y una denuncia informal presentada ante el diputado del Distrito XV de Pátzcuaro, José Guadalupe Aguilera Rojas, ésta por hechos ocurridos el 23 de octubre por la noche, donde además de la expulsión de la comunidad se les quemaron propiedades, vehículos y pertenencias a los afectados que dicen desconocer por qué un grupo de al menos 50 comuneros los echaron de la comunidad.

Como actos de intolerancia calificó Cedillo Hernández, de extracción perredista, la expulsión de los desterrados y lamentó que la comunidad de Pichátaro, azuzada por el Concejo Comunal siente ese mal precedente pues muchas comunidades que también buscan solicitar el presupuesto directo pueden desalentarse de hacerlo al ver que se presentan situaciones de polarización social como estas.

Finalmente el diputado instó a la Secretaría de Gobierno a que tome cartas en el asunto a fin de evitar una escalada en la polarización que, dice, está viviendo el pueblo de Pichátaro como resultado de la autorización a que ejerzan el presupuesto de forma directa.

El 24 de octubre, primeraplananoticias.mx informó de la quema de aserraderos por parte de comuneros de Pichátaro la noche del 23 de octubre, de manera que respecto a los hechos de aquel domingo, de acuerdo a la versión que dieron a este medio comuneros de la localidad, la expulsión tuvo como origen los abusos que la familia González cometía en la comunidad, donde continuaban talando los bosques pese a las llamadas de atención del Concejo Comunal, el cual fue avalado por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) pero cuya constitución fue impugnada, sin éxito, por el diputado Ángel Cedillo, entonces presidente de la Comisión de Pueblos indígenas.

En entrevista telefónica para consultarle sobre las denuncias, Armando Cortés, miembro del Concejo Comunal, negó las acusaciones que pesan contra integrantes del órgano integrado de acuerdo a usos y costumbres, no obstante reconoció que sí expulsaron a los González la noche del 15 de octubre porque estos se dedicaban a la tala y desoyeron los llamados de la Asamblea del pueblo respecto al respeto a los recursos naturales de la comunidad.

Respecto a las denuncias de la familia Miranda por los hechos del 25 de octubre, Cortés enfatizó que los denunciantes trabajan en el Ayutamiento de Tingambato y forman parte de quienes engañaron a pobladores de Pichátaro, principalmente a quienes no saben leer ni escribir, pidiéndoles firmas para apoyos como láminas y despensas por parte del Ayuntamiento, pero que al final utilizaron para impugnar la decisión de que la comunidad ejerciera el presupuesto directo, situación que ya acreditó el IEM.

En entrevista con primeraplananoticias.mx, el diputado Ángel Cedillo reconoció que los denunciantes son conocidos como “el PRD chiquito” en la comunidad de Pichátaro, pues aunque puntualizó que no pertenecen a ninguna corriente dentro del partido, “históricamente han ido a las urnas en favor del sol azteca”.
Cabe recordar que la comunidad de Pichátaro peleó legalmente que se le asignara directamente el presupuesto que les corresponde de acuerdo al 35 por ciento de población que tienen del total de habitantes de municipio de Tingambato, esto luego de denunciar que la cabecera municipal históricamente descuidaba la comunidad y existían irregularidades en las formas de ejercer los recursos del municipio.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio la razón a los comuneros, quienes han acusado al diputado Ángel Cedillo de tratar de entorpecer el proceso que vive Pichátaro en su tránsito hacia un gobierno de usos y costumbres.

Por lo pronto Armando Cortés informó que este viernes ofrecerán una rueda de prensa en Morelia para aclarar las denuncias que se han interpuesto contra miembros del Concejo Comunal, enfatizando que gente ligada al PRD y talamontes están detrás de estas denuncias.