Dalia Villegas Moreno

Morelia, Michoacán.- La inhabilitación determinada por la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) para las exsecretarias de Educación: Graciela Andrade García-Peláez y Aída Sagrero Hernández, está en “veremos”, toda vez que el proceso ante la autoridad fiscalizadora está sometido a valoración, y de acuerdo a la Ley de Fiscalización, permitiría a las ex funcionarias demorarse hasta cuatro años una resolución definitiva.

Desde 2012, las ex servidoras públicas, ambas activas durante el gobierno del perredista Leonel Godoy Rangel, enfrentan procesos administrativos ante la ASM que han derivado en un resolutivo emitido a principios de marzo de 2016, donde se señalan responsabilidades a García Peláez y Sagrero Hernández, pero este veredicto no es definitivo, ya que las exservidoras públicas señaladas tienen medios de impugnación que ya hicieron valer.

Las exfuncionarias presentaron ya elementos de impugnación a la autoridad fiscalizadora, mismos que se encuentran en valoración, por lo que no se puede determinar si existe la responsabilidad de las exsecretarias de Educación en las supuestas irregularidades por el manejo de 80 millones de pesos que debían ser destinados al programa “Más por Michoacán”.

La Ley de fiscalización tiene un plazo para emitir sus resoluciones; en el caso de las exservidoras públicas señaladas tienen hasta cuatro años a partir de que se determinó la responsabilidad, es decir, desde 2012; pero en este caso, la ley también prevé ante la interposición del recurso de impugnación por parte de ellas que se debe renovar el periodo, lo que no significa que la ASM deba tardar cuatro años para resolver.

Es decir, que la autoridad fiscalizadora deberá hacer una revaloración y resolver a la brevedad, en función de su carga de trabajo, sin embargo, la ley establece plazos precisos, y en tratándose de asuntos de trascendencia la ASM debe procurar darle la mayor prontitud.

Pasados 45 días de haber sido notificadas, las exfuncionarias han presentado varios recursos de impugnación, pero de acuerdo con la Ley de Fiscalización, la sanción para Graciela “Chela” Andrade y Aída Sagrero, puede anularse o confirmarse, puede ser total o parcial, de acuerdo a la “gravedad” de la irregularidad que llegara a comprobarse.


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