Dalia Villegas Moreno
Morelia, Michoacán.- Sindicatos de la Secretaría de Salud en Michoacán, encabezados por Guadalupe Pichardo, advirtieron que la salida de Carlos Aranza Doniz de la dependencia no constituye una “exoneración” ante las acciones de corrupción de que le acusan; advirtieron que está vigente la demanda al Congreso de que se inicie un juicio político contra el ex funcionario; además, cuestionaron la “sordera” y omisión de la Secretaría de Contraloría estatal ante este caso.
En entrevista con primeraplananoticias.mx, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de los Servicios de Salud en Michoacán (STDSSM) dijo que desde enero de este año se han presentado denuncias ante la Secretaría de Contraloría, que actualmente encabeza Silvia Estrada Esquivel, la última el pasado 4 de noviembre contra el titular de la Delegación Administrativa, Hugo Rosales Basurto, sin que la dependencia fiscalizadora haya procedido ni dado una respuesta.
A decir de Pichardo Escobedo, entre las irregularidades que “saltan a la luz” en la Secretaría de Salud destaca la asignación directa, desde el Comité de Adquisiciones, de contratos millonarios a empresas que poco o nada tienen qué ver con la farmacéutica y la medicina, y que como resultado de investigaciones que han realizado proveedores indignados ante la exclusión se presumen propiedad de particulares cercanos al ex secretario de salud, Aranza Doniz.
Pichardo Escobedo subrayó que esta situación, matizada con el presunto desvío de recursos, facturaciones “al triple” y derroche de recursos millonarios en coches de lujo, mantiene a la Secretaría de Salud en una crisis financiera “sin precedentes”, y ha resultado en la carencia de insumos básicos en los centros de salud y hospitales.
Además, señaló que durante la administración de Aranza Doniz se detectaron serias irregularidades en el proceso de formalización laboral, hubo despidos injustificados, retención de salarios, ante la falta de recursos “se desplomó” el programa del Seguro Popular, donde las afiliaciones cayeron hasta el 60 por ciento, dijo, además de la constante denuncia ciudadana del desabasto de medicamentos.
La sindicalizada señaló que Aranza Doniz debe ser llamado a cuentas por el Congreso de Michoacán, que está obligado, dijo, a exigir a los órganos fiscalizadores: a la Auditoría Superior de Michoacán y a la Secretaría de Contraloría, que “dejen la sordera”, expresó, cumplan con su función, y lleven a cabo las auditorías con rigor, y procedan en apego a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
