Dalia Villegas
Morelia, Michoacán.- Entre la corrupción, la Secretaría de Salud ha devenido en una dependencia “enferma”, sumida en un colapso financiero resultado de la cuestionable administración de los últimos gobiernos: del PRD, con Leonel Godoy al frente, y del PRI, con Fausto Vallejo, Jesús Reyna, Salvador Jara y la intervención federal; sin contar el actual, que prácticamente inicia la tarea.
El 14 de febrero de 2008, el recién electo gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, presentaba a su gabinete: Román Armando Luna Escalante sería titular de la Secretaría de Salud, mientras que Guadalupe “Lupo” Hernández Alcalá sería subsecretario y responsable del programa del Seguro Popular. En 2011 Lupo llegaría a ser el titular de la secretaría.
Para ese ejercicio fiscal 2008, la Secretaría de Salud dispondría de 2 mil 866 millones 656 mil 625 pesos, además de 1 mil 681 millones 490 mil 200 pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, y entre otros tantos imprecisos, recursos adicionales del Fondo de Aportaciones Múltiples, también de recursos federales. Montos que no serían muy variables en los tres años subsecuentes.
Pero a finales de la administración godoyista las cuentas no estaban claras. En 2011, la Auditoría Superior de Michoacán y el Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado daban cuenta de cientos de observaciones por el manejo “poco claro” de al menos 13 mil millones de pesos en la Secretaría de Salud; de manera puntual se señalaban irregularidades en la ejecución de los recursos del Seguro Popular.
Los primeros síntomas en el de por sí deficiente sistema de salud pública no se hicieron esperar. Las carencias se agudizaron en hospitales y centros de salud, principalmente en localidades alejadas de las ciudades capitales; al desabasto de medicamentos se sumaba la falta de material de curación e insumos indispensables en todos los niveles de atención.
El virus de la corrupción
El dictamen de fiscalización federal en 2011 al programa del Seguro Popular puso en evidencia que el Gobierno de Michoacán comprobó apenas el 52 por ciento de esos recursos; no quedaba clara la aplicación de más de 2 mil 800 millones de pesos en adquisición de medicamentos.
Entre las irregularidades detectadas, tan solo en ese ejercicio fiscal destacaban pagos no explicados, gastos no comprobables y otros conceptos presentados para justificar el gasto de 2 mil 800 millones de pesos, que fueron considerados por la Auditoría Superior de la Federación como “información no confiable”.
Estaba pues en entredicho la administración de Luna Escalante, entonces secretario de Salud, y del subsecretario de salud Lupo Hernández, quien era el responsable directo de los recursos del Seguro Popular, y quien entre 2011 y principios de 2012 sería el titular de la Secretaría de Salud.
No obstante los cuestionamientos, que llevaron a Lupo Hernández a ser señalado el proceso electoral 2014-2015, el PRD respaldó la candidatura del ex secretario de salud, quien, con éxito iría en busca de una curul federal en la Cámara de Diputados, donde se encuentra actualmente.
En diferentes foros, Lupo Hernández ha negado la existencia de un supuesto documento de inhabilitación de la Contraloría, de cuya existencia dan cuenta mismos correligionarios suyos, quienes afirman que se encuentra archivado en los cajones amarillos de la Auditoría Superior de Michoacán y la Contraloría, como muchas otras de actores del godoyato.
Ambas autoridades fiscalizadoras, tanto la Auditoría Superior de Michoacán, que encabeza José Luis López Salgado, como la Contraloría, que dirige Silvia Estrada Esquivel, los dos conocidos por su cepa perredista, mantienen la puerta cerrada a las solicitudes de información de la prensa, sobre procedimientos contra ex funcionarios.
Primeros síntomas, el fracturado tetra-gobierno del PRI
El 17 de noviembre de 2011, con 658 mil 667 votos, el candidato del PRI, Fausto Vallejo, ganó la gubernatura de Michoacán, y, aunque poco le duraría el gusto, en febrero de 2012 asumió el cargo en que Jesús Reyna García le relevaría en abril de 2013, y posteriormente, en junio de 2014, Salvador Jara Guerrero sería el responsable de concluir la encomienda.
Ante sus problemas de salud y la agudización de la violencia en Tierra Caliente, que derivó en un levantamiento armado de grupos de autodefensa, dos gobernadores le sucedieron, y el tetra gobierno priísta en Michoacán quedaría marcado con un decreto presidencial que el 15 de enero de 2014 dio inicio a una intervención federal, encabezada por Alfredo Castillo Cervantes.
En febrero de 2012 Vallejo Figueroa presentó a su gabinete: el titular de la Secretaría de Salud sería Rafael Díaz Rodríguez, quien entre 2012 y 2013 llegó a acumular hasta 90 denuncias por tráfico de influencias y por su supuesta intervención para la asignación directa de contratos a comercializadoras de productos médicos a empresas de “amigos”.
Hacia 2014, líderes sindicales y médicos de base exigían la renuncia de Díaz Rodríguez, a quien, como un “secreto a voces”, sin que esta casa editorial tenga manera de comprobarlo, se señala de ser el propietario de la clínica privada conocida como “Sanatorio La Luz”, en Morelia, para el cual habría direccionado recursos públicos durante su administración.
“Sabemos que esa clínica es del ex secretario Díaz Rodríguez, y mucho se ha dicho también que ahí, y en el Comité de Adquisiciones tenían metidas las manos la familia Vallejo, el hijo mayor, sobre todo, y otros priístas que desde la Delegación Administrativa, verdadero motor de la Secretaría de Salud, se han beneficiado con licitaciones a modo”, comentó un trabajador de la dependencia.
Dosis inadecuadas, licitaciones ‘a modo’
Desde noviembre de 2010, durante el trienio perredista, proveedores de medicamentos, insumos para laboratorio, materiales de curación, quirúrgico e insumos diversos requeridos para la operatividad hospitalaria, ya denunciaban licitaciones “a modo”, en detrimento de empresas certificadas a nivel nacional, y en beneficio directo de algunas comercializadoras “amigas” de funcionarios.
A principios de 2011 se alzaron voces de empresas proveedoras de insumos médicos que cuestionaban al Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo la práctica de una licitación que entre julio y diciembre de 2010 supuestamente benefició a la farmacéutica El Fénix en la compra de medicamentos básicos por 270 millones de pesos.
La historia no cambió mucho con la llegada del PRI al gobierno del estado en 2012. Los constantes cuestionamientos a Rafael Díaz pusieron en entredicho el apego a la normatividad en materia de licitaciones.
En junio de 2012, siete empresas proveedoras denunciaron la pretensión de Díaz Rodríguez, de favorecer a la empresa Nacional de Drogas (Nadro) con un contrato de dos años por un monto de 1 mil 200 millones de pesos. En junio de 2014, el entonces gobernador, Salvador Jara, incondicional de Alfredo Castillo, solicitó la renuncia de Díaz Rodríguez.
Activo, el castillato en la SSM
Como parte del nuevo gabinete de Jara Guerrero, fue designado Carlos Aranza Doniz como nuevo secretario de Salud; junto con él llegó una camada de funcionarios provenientes del Estado de México, centro de operaciones políticas de Alfredo Castillo y del nuevo secretario de Salud.
Los invitados se instalaron en la entraña de la Secretaría de Salud: la Delegación Administrativa, donde actualmente siguen en activo, al mando, con Hugo Rosales Basurto a la cabeza.
Proliferaron entonces protestas sindicales del sector salud; denunciaban el supuesto nepotismo, licitaciones “a modo”, irregularidades en el proceso de formalización laboral, despidos injustificados, retención de salarios, inconsistencias en el programa del Seguro Popular, desabasto de medicamentos, facturas “infladas”, y derroche de varios millones en camionetas de lujo; el responsable: Aranza Doniz, acusaban los que exigían su renuncia.
Transitado el proceso electoral 2014 y la asunción de la gubernatura en octubre de 2015, nuevamente por el PRD con Silvano Aureoles Conejo al frente del Poder Ejecutivo, no sería hasta un año después, en octubre de 2016, cuando Aranza Doniz sería destituido del cargo, y en su lugar llegaría la michoacana nicolaita Silvia Hernández Capi, aunque, como dijimos arriba, en la entraña de la Secretaría de Salud sigue mandando el Estado de México.
La convulsión o fiscalización ‘discreta’
Durante la revisión de la Cuenta Pública 2008, la primera de la administración de Leonel Godoy Rangel, se evidenció un subejercicio por 731 millones de pesos, y 661 observaciones de asuntos pendientes por aclarar.
En la Cuenta Pública 2009 se detectaron 556 irregularidades; la autoridad había aclarado solamente 272, y estaban pendientes 285 cuestionamientos. Entre 2010 y 2011, estuvieron en el foco inconsistencias por la entrega “poco clara” de recursos a asociaciones civiles y sindicales, así como el aumento de la deuda de largo plazo.
En noviembre de 2014, la Auditoría Superior de la Federación hizo un total de 206 observaciones y 76 recomendaciones a la Cuenta Pública 2013 donde tuvieron responsabilidad Fausto Vallejo Figueroa y Jesús Reyna.
La Cuenta Pública 2014, de Salvador Jara, ha sido quizá la más observada, con 9 mil 203 señalamientos de inconsistencias. En 2014, el órgano fiscalizador cuestionó la posible existencia de conductas, actos, hechos u omisiones que producen daños y perjuicios calificados como irregularidades o ilícitos.
Entre 2012 y 2013 se señalaron irregularidades por el manejo de recursos del Seguro Popular, entre los que destacan el Seguro Médico Siglo XXI, el Catálogo Universal de los Servicios de Salud (Causes), el cual Desarrollo Humano y Oportunidades, actualmente es Prospera.
También destacaron observaciones recomendaciones a los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, y al recurso del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado.
Hacia el segundo trimestre de 2015, periodo en que se agudizó la crisis de influenza y chikungunya en Michoacán, la 72 Legislatura local ya cuestionaba el subejercicio de 6 mil millones de pesos por parte de la Secretaría de Salud, que para esa fecha tendría que haber ejercido 7 mil 485 millones de pesos.
Ante las irregularidades en las cuentas públicas estatales y municipales, la Contraloría del estado ha presumido la apertura de un centenar de procedimientos administrativos, y un número impreciso de inhabilitación de funcionarios.
Sin embargo, ni la Contraloría, ni la Auditoría Superior de Michoacán han transparentado nombres y apellidos de los posibles responsables de la crisis que actualmente enfrenta la Secretaría de Salud, de manera que no se tiene claro el destino de miles de millones de pesos del Seguro Popular y otros rubros de presupuesto federal, ni se sabe si ha habido servidores públicos sancionados, inhabilitados o enjuiciados penalmente.
La muerte de la SSM
Sin gasas, alcohol, material de curación, sueros, medicamentos siquiera de primer nivel como puede ser un “paracetamol”, ni aparatos de anestesia para cirugías, actualmente se encuentra colapsada la Secretaría de Salud de Michoacán, por lo que, si la autoridad competente no interviene, el próximo jueves se paralizará el servicio en todos los niveles, advirtieron médicos.
Desde hace ocho días, esta casa editorial ha solicitado entrevistas con la secretaria de salud, Silvia Hernández Capi; con la contralora, Silvia Estrada Esquivel, y con el auditor de Michoacán, José Luis López Salgado, quienes, sin argumento han desatendido la petición.
“Quieren llevar al extremo del colapso a la Secretaría de Salud, para justificar la intervención y funcionalidad de la Iniciativa Privada en el ámbito de la salud; esperamos que el gobernador Silvano Aureoles Conejo preste atención a este tema tan sensible, comentó Enrique Márquez Sánchez, médico internista del Hospital Civil “Doctor Miguel Silva”.
En entrevista con primeraplananoticias.mx se pronunció porque el gobierno en turno actúe en consecuencia y no se convierta en “uno más” de los gobernadores que “han estafado al sistema de salud pública”; “les damos una semana, no podemos más, si esto sigue así pararemos actividades a partir del próximo jueves”, advirtió.
