Blanca Padilla
Morelia, Michoacán.- A pesar de que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) tiene un reglamento específico para las casas de estudiantes, los líderes de los albergues en el último mes se han adjudicado la atribución de realizar la expulsión de cerca de 70 jóvenes de dichas casas con el argumento de que estos no apoyaron la toma ilegal que enfrentó la Casa de Hidalgo por 66 días, a pesar de que las autoridades nicolaitas han establecido que las expulsiones violentan las normas.
De la casa femenil Rosa Luxemburgo expulsaron a 30 jovencitas, mientras que la casa Nicolaitas realizó la expulsión de 27 jóvenes y el albergue 2 de octubre expulsó a otros 15 de manera violenta.
Las autoridades nicolaitas, en las voces del rector Medardo Serna González, del secretario general Salvador García Espinosa y del encargado de Asuntos Estudiantiles Dolores Govea Paz han argumentando que los moradores estudiantiles no pueden realizar una expulsión de tal manera, ya que esto violenta el reglamento de la UMSNH, por lo que estas expulsiones no tienen validez institucional.
El Consejo Universitario, desde casi iniciada la toma de la UMSNH, solicitó a las autoridades nicolaitas que se realizará una revisión al reglamento que se encuentra vigente desde 2012. A este respecto Salvador García Espinosa recordó que desde hace dos ó tres años es un tema que la Universidad tiene pendiente, por lo que uno de los asuntos principales, dijo, es solicitar una auditoría sobre los albergues para que se transparenten sus gastos.
García Espinosa ha mencionado que en la última reunión con representantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL) se planteó el asunto de las expulsiones y acordaron tener una cita con el consejo de la casa 2 de octubre para que sea revisado el tema y se tome cartas en el asunto, ya que “a todas luces es violatorio a la normatividad que tienen los albergues”, aseguró. Sin embargo, de las tres casas donde hubo expulsados, sólo una se ha acercado de manera formal para solicitar que sea analizada la situación.
Expuso además que el reglamento interno de los albergues indica que al alumno que va a ser expulsado se le tiene que dar un aviso previo de más de un mes (o hasta dos meses) para que pueda buscar otra residencia, y además fundamentar la acción con la explicación de cómo el alumno expulsado violó las reglas, por lo que las expulsiones de manera inmediata son irregulares hasta en su propia normatividad.
Explicó que en los 35 albergues habitan aproximadamente 6 mil moradores, a los cuales anualmente se les otorga cerca de 100 millones de pesos, monto que incluye la manutención y el mantenimiento de los edificios (agua, luz, servicios). Sin embargo, no especificó cuánto recurso corresponde a cada casa, con el argumento de que cada una de ellas tiene un número distinto de moradores.
Por otro lado, el encargado de Asuntos Estudiantiles, Dolores Govea Paz, señaló que su área administrativa tiene el registro en listas de los moradores que en cada casa habitan, y que, además del Reglamento universitario, cada albergue tiene uno propio que corresponde a sus necesidades, dependiendo del número de moradores y su género, horas de ingreso y salida, por lo que las autoridades nicolaitas son respetuosas de la normatividad interna de cada casa. Sin embargo, aclaró que las expulsiones se deben realizar por medio de las asambleas generales, en las que participa una comisión de la CUL y otra de autoridades de la Universidad Michoacana.
Govea Paz ya ha solicitado que se realicen de nueva cuenta las asambleas de “relevo” para que no se violente la norma. En el caso del albergue 2 de octubre, sus líderes quisieron validar las expulsiones, pero ante el reporte de que hubo violencia, inmediatamente las autoridades nicolaitas negaron la validación.
“Totalmente podemos intervenir. Si bien es cierto que somos respetuosos de la normatividad interna, (esto es) siempre y cuando no se trastoquen los intereses institucionales, como en este caso, (en el que) vamos a intervenir forzosamente”, sentenció el funcionario universitario.
La CUL es la encargada de presentar una lista de nuevos aspirantes a casa de estudiantes, y Asuntos Estudiantiles es la instancia da el visto bueno y realiza los estudios socioeconómicos correspondientes, por lo que Govea Paz señaló que el reglamento establece que debe ser solamente su área administrativa quien determine finalmente el ingreso, punto que, dijo, esta también en revisión.
Las fallas en el reglamento son evidentes, ya que los moradores han realizado la expulsión de casi 70 jóvenes tan solo con el argumento de “no estar de acuerdo con la toma”. Aunque las autoridades universitarias han señalado que el actual reglamento se encuentra en análisis desde hace tiempo, se desconoce qué comisión lo revisa y hasta cuándo podría otorgarse las propuestas de modificación.
