Dalia Villegas Moreno
Morelia, Michoacán.- La creación de una Coordinación de Vigilancia por parte de la Procuraduría para la Defensa del Menor, del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, y el destino de una partida presupuestal para los niños que nacen y viven en prisión con sus madres reclusas en las cárceles de Michoacán, es la demanda sustantiva de la iniciativa de reforma legislativa impulsada por la bancada del PAN.
En sesión legislativa, este miércoles, la diputada panista Andrea Villanueva Cano, propuso a los legisladores reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Michoacán, que en caso de ser aprobada, tras el análisis correspondiente de los diputados, obligaría al Poder Ejecutivo a garantizar alimentación, salud y educación a los también llamados “niños invisibles”.
Entre las propuestas sustantivas de Villanueva Cano destacan la creación de una Coordinación de Vigilancia por parte del DIF, que tendría que crear un padrón actualizado de los niños que viven con sus madres reclusas, y, una vez que éstos abandonen la cárcel, dar seguimiento a su condición de vida, ya sea que sean entregados a un familiar o el Estado asuma la potestad.
Aunque no se especifica un monto o porcentaje estimado de recursos, se establece la obligatoriedad de una partida presupuestal exclusiva por parte del gobierno del estado para que se garantice el pleno desarrollo de las niñas y niños que viven con sus madres en centros penitenciarios. En la propuesta se pondera el derecho de las mujeres reclusas a la maternidad y a la lactancia.
Carencias clave de la iniciativa
Son dos las grandes carencias de la iniciativa de reforma, primero: en el proyecto de decreto no se plantea la obligatoriedad de los centros de readaptación social para que se implementen acciones de prevención de embarazos, orientación y planificación familiar.
Lo anterior llama la atención, teniendo en cuenta que, en contraste, se permite e incluso se fomenta la convivencia con reclusos varones en contextos de celebraciones de bodas, tradiciones populares y festividades religiosas.
Segundo: se ponderan los derechos de la madre a tener a su bebé consigo, y no se plantea una reducción en el tiempo que los menores deban permanecer en prisión, como sí ocurre en estados como Guanajuato, donde la madre no puede mantener a su hijo en esas condiciones por más de un año, ya que se le expondría a las consecuencias del estrés de la dinámica carcelaria, del encierro, del posible contacto con drogas y escenarios de violencia.
Miembros de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica han advertido que los primeros cuatro años de la vida de un bebé son cruciales para la determinación de su personalidad en la etapa adulta, por lo que consideran que el encierro y la falta de estimulación de un niño que vive en el ambiente carcelario, mermarán su desarrollo, y limitarán de forma importante su capacidad de aprendizaje en varios sentidos.
Hasta noviembre de 2015 en Michoacán había un registro de 655 mujeres presas; en confinamiento carcelario junto con ellas hay 15 niños, sus hijos, cuyos padres en su mayoría también son internos de centros penitenciarios generalmente contiguos, o en el menor de los casos el padre está en libertad. A nivel nacional la cifra de niños que viven en prisión junto con sus madres reclusas es de 377 menores.
