Blanca Padilla
Morelia, Michoacán.- Jóvenes de la Casa de Estudiantes 2 de octubre sostuvieron una reunión con el jefe de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y con los consejos directivos de la Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL), para informar lo ocurrido el jueves pasado, cuando fueron expulsados de manera violenta de su albergue estudiantil por no estar de acuerdo con continuar la toma universitaria.
El morador de la casa 2 de octubre Andrés Martínez Hernández señaló que luego de este evento los estudiantes se encuentran en una situación de vulnerabilidad frente a las amenazas que recibieron por no estar de acuerdo con la continuidad de la toma que se extendió por 66 días.
“Argumentan que no coincidimos conforme a ellos, es decir: ellos son un grupo que se caracteriza como radical, un grupo que siempre ha buscado beneficios personales y han usado a las casas de estudiantes como un trampolín para beneficiarse personalmente”.
Al preguntarle quiénes son estas personas que utilizan a los albergues estudiantiles en su propio beneficio, Andrés Martínez respondió:
“Nombres concretos no tenemos”.
El joven que fue expulsado junto junto otros 14 moradores añadió que estos estaban en contra de algunas acciones que las bases emprendieron durante el movimiento que sostuvo la toma ilegal de la Universidad por 66 días. Por ejemplo, dijo que la base de dicha casa participó 15 días en la toma, pero notaron algunas irregularidades, como gente que encabezaba el movimiento sin tener relación con el albergue; personas que ya habían terminado su carrera o que eran irregulares, con matrículas desde 2006 a 2008. Los ahora expulsados cuestionaron por qué este grupo aún participaba en la toma.
Además, aclaró que el albergue 2 de octubre buscaba resolver la toma por medio de audiencias, acción que los radicales no apoyaban, por lo que las bases buscaron el apoyo de gente externa para expulsar a los residentes que ya no estaban de acuerdo con continuarla.
El morador ahora expulsado informó que el resultado de la reunión con Asuntos Estudiantiles y con la CUL fue acordar que los consejos directivos lleven a sus bases la información sobre la la expulsión que ocurrió el jueves pasado, de manera que el miércoles pueda concretarse qué acciones van a tomar, si podrán volver a su albergue o serán resignados.
“Nosotros estamos pidiendo que se realice un proceso justo y transparente, mediante una asamblea general. El proceso de una expulsión para los moradores de casa de estudiante es a través de una asamblea general, publicando la convocatoria tres días antes, y deben estar la mayoría de los moradores matriculados y regulares. Así lo marca el reglamento de cada casa”, aclaró.
El joven narró que cerca de 150 personas, entre integrantes de otras casas (Che Guevara y Nicolaitas) y gente externa a los albergues (que no son estudiantes), acudieron encapuchadas y a punta de palos, de piedras y cadenas amenazaron a los 15 jóvenes moradores y los sacaron de manera violenta. Fue así como realizaron la expulsión, testificó.
Mencionó que luego de acudir con la Defensoría de Derechos Humanos Universitarios para buscar un respaldo, asistieron denunciaron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) las lesiones que sufrieron durante la “expulsión”, para interponer una querella en contra de quienes resulten responsables de las agresiones físicas que les fueron infligidas.
Finalmente mencionó que hasta el momento no han sido apoyados por otras casas estudiantiles, por lo que se encuentran viviendo con amigos, con compañeros de la facultad o con familiares en lo que se resuelve su situación.
