No hay prórrogas; SEE y UMSNH deben acatar requerimientos de auditorías

Dalia Villegas

Morelia, Michoacán.- Las constantes tomas que llegan a paralizar las actividades administrativas en algunas dependencias, principalmente en la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), no pueden ser pretexto para que las autoridades competentes cumplan en tiempo y forma con los requerimientos de las unidades de fiscalización.

En el caso de la SEE, aunado a los rezagos que mantiene en la entrega de informes constantes en materia de fiscalización, el pasado 31 de octubre se le venció el plazo para la entrega de un informe de la situación financiera, como parte de una “reingeniería integral” que quedó establecida en un decreto legislativo en diciembre de 2015, y que hasta hoy se ha incumplido.

Por su parte, la UMSNH, debido a la “toma” que mantuvieron aspirantes y rechazados alrededor de dos meses en las instalaciones, esta parálisis administrativa ha resultado en un rezago en lo que se refiere a la entrega de información pertinente para la integración de informes trimestrales.

Sobre el tema, la diputada Yarabí Ávila González, presidenta de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), subrayó que la legislación en materia de fiscalización no permite la extensión de prórrogas ni plazos adicionales de ningún tipo, de manera que para evitar sanciones las dependencias deben “hacer un esfuerzo extraordinario” y cumplir.

“La ley es muy clara, y establece plazos que hay que cumplir, y que son atribuibles a cada uno de los órganos que tenemos la responsabilidad de darle seguimiento al Plan de Fiscalización de cada año; si nosotros solicitamos algún tipo de prórroga estaríamos incurriendo en una violación a la ley”, comentó la legisladora en entrevista con primeraplananoticias.mx.

Señaló que entonces lo que deben hacer los equipos correspondientes en el interior de las dependencias que han incumplido con los tiempos previstos en la ley es apresurarse y trabajar “a marchas forzadas” para cumplir la información correspondiente y evitar observaciones por parte del órgano fiscalizador del Poder Legislativo.

Apenas el pasado jueves legisladores reconocieron que existen huecos en la Ley de Fiscalización que permiten que dependencias del Poder Ejecutivo, así como los 113 ayuntamientos, no cumplan a cabalidad con los requerimientos de los procesos de auditoría, ya que actualmente no se dejan claras las fechas de entrega ni las sanciones específicas para quienes incumplan.