Dalia Villegas Moreno
Morelia, Michoacán.- Los líderes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Michoacán urgieron al Congreso de Michoacán a realizar las tareas legislativas correspondientes para la regulación de las marchas y plantones en el estado, a efecto de que no alteren el “orden” ni subyuguen el patrimonio de ningún particular.
En entrevistas por separado con primeraplananoticias.mx, la presidenta de Coparmex, Lydia Nava Vázquez y el presidente del Cce, Arcadio Méndez Hurtado, coincidieron en que el fenómeno de las manifestaciones sociales en la entidad ha llegado a instituirse como un problema para el desarrollo de la economía, como consecuencia de los métodos de protesta que utilizan algunas organizaciones.
“Sabemos que existe la intención de regular las manifestaciones, y lo vemos bien, porque éstas han venido a afectar la economía de nuestro estado de manera importante en los últimos años; todos los ciudadanos nos hemos visto afectados en el día a día”, comentó la presidenta de Coparmex, Lydia Nava.
Por su parte, el presidente del Cem, Arcadio Méndez, quien también representa en Michoacán a la Cámara Nacional del Transporte de Pasaje y Turismo (Canapat), subrayó su preocupación por los métodos de protesta que utilizan especialmente grupos estudiantiles, mediante bloqueos a vías de comunicación, retención y en ocasiones destrucción de vehículos.
Ambos empresarios enfatizaron que la expedición de una ley para la regulación de marchas y plantones, para cuya configuración existen más de tres propuestas distintas en el Congreso de Michoacán, constituye un asunto prioritario, y que, desde su punto de vista, en nada criminaliza la protesta social ni atenta contra la libertad de expresión.
¿Qué propone la ley?
Entre otras cosas, la propuesta sustantiva de la regulación de marchas es que las manifestaciones cuenten con un permiso previo para poder realizarse, esto con la intención de que las autoridades puedan prever agentes de tránsito para desahogar la circulación, e incluso que haya ambulancias y elementos de protección civil disponibles previendo alguna contingencia.
Asimismo, las manifestaciones no podrían obstruir ni “ahorcar” la circulación de las vialidades, por lo que tendrían que ocupar sólo un cierto número de carriles o espacios para que el resto de la ciudadanía no se vea afectada en sus actividades. En caso de incumplimiento, quedaría a criterio de la autoridad, a la que se ampliarían facultades, hacer uso de la Fuerza Pública para la disuasión de las movilizaciones.
Pese al enojo de organizaciones sociales, que han salido a las calles a marchar contra la también llamada “ley anti marcha”, en el Congreso de Michoacán ya existe un pre-dictamen elaborado por las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y Derechos Humanos empujado por la mancuerna PAN-PRI, que desde la 71 Legislatura han impulsado una legislación en este sentido, a la que, legisladores perredistas de la actual Legislatura local han asumido que respaldarían, por lo que no se descarta un acuerdo en próximas fechas.
