Dalia Villegas Moreno
Morelia, Michoacán.- Huecos en la Ley de Fiscalización permiten que dependencias del Poder Ejecutivo y los 113 ayuntamientos no cumplan a cabalidad con los requerimientos de los procesos de auditoría, y hay algunos que mantienen rezagos en los informes desde 2013; ante ello, el Congreso de Michoacán analiza reformas a la norma, donde actualmente no se dejan claras fechas de entrega ni sanciones específicas para quienes incumplan.
Al remitir al Pleno legislativo el tercer informe trimestral de actividades de auditoría a dependencias de gobierno y municipios, la diputada Yarabí Ávila Pedraza, presidenta de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), dijo en entrevista que hay inconsistencias en la ley que abren la puerta a la opacidad en el manejo de los recursos públicos.
Precisó que hay municipios del estado, como Charo, que mantienen rezagos desde el año 2013 en la entrega de los informes de sus cuentas públicas, lo que no abona a la transparencia, da pie a “malas interpretaciones”.
“Tenemos municipios con atraso desde 2013, 2014 y 2015 en la entrega de los informes de sus cuentas públicas, y que la entregaron hasta el pasado 26 de mayo de 2015; esto ocurre porque la ley no señala cuánto es la multa y las sanciones ante estos retrasos”, dijo, al señalar que estos incumplimientos entorpecen el cumplimiento con el Plan de Fiscalización.
Ante este panorama, dijo que se llevará a cabo un análisis minucioso del informe trimestral entregado por la ASM, ya que en los anteriores se han detectado importantes irregularidades. Además, dijo que desde hace unos tres meses se trabaja en reformas a la Ley de Fiscalización donde se busca establecer con claridad las fechas y sanciones.
“Esto se puede prestar a muchas malas interpretaciones y cuestiones poco éticas dentro de la propia ASM; considero que en este caso el propio Poder Legislativo ha sido omiso; debemos corregir esto desde la ley pero sobre todo en la práctica”, apuntó.
Señaló que los principales motivos de observaciones ante el órgano fiscalizador siguen siendo en obra pública por parte de los presidentes municipales.
