Alejandro Amado
Morelia, Michoacán.- Para Miguel Carbonell, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la regulación de la protesta social es totalmente válida, por lo que llamó a los diputados a no tener miedo a legislar en este sentido. Diferenció entre las marchas y los bloqueos, pues las marchas son un derecho, no así los bloqueos que constituyen un delito de acuerdo al Código Penal.
“Se pueden regular los derechos humanos, invito a los diputados a que lo hagan”, sostuvo el académico en el marco de una charla que impartió en el Congreso del estado sobre el tema del fuero constitucional.
“Lo que sí debe estar prohibido en un estado constitucional de derecho, son los bloqueos, porque es diferente marchar a bloquear. Un bloqueo es cuando un grupo de personas, numeroso o no, se apropia de un espacio público, eso no debería estar permitido. Cuando yo llegó un viernes por la noche y hago una fiesta cerrando la avenida Madero, se friegan porque estoy con mis amigos los constitucionalistas haciendo una fiesta, y es mi derecho humano”, ironizó.
Sostuvo que lo que sucede con los bloqueos es que se da la privatización de un espacio público, y las vías públicas no pueden ser privatizadas. Invitó a intentar poner un campamento en plazas públicas en países de primer mundo para verificar que no sería posible por ningún motivo.
“Las vías públicas no se pueden privatizar, los bloqueos están prohibidos. Ahora, si no les gusta este punto de vista, no me hagan caso: lean el Código Penal, es un delito. Ningún ejercicio de ningún derecho, en ningún caso y bajo ningún supuesto, puede amparar la comisión del delito”, enfatizó.
Recordó que ya la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México impugnó la Ley de Movilidad interponiendo una acción de inconstitucionalidad, sin embargo la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es “perfectamente constitucional”.
No obstante reconoció que se debe regular también el uso de la fuerza pública para que no se presenten situaciones como el caso de San Salvador Atenco, por ejemplo. Llamó a no tener miedo en utilizar la fuerza pública legítima, pues es la base del Estado según Max Weber, no obstante el uso de la fuerza debe ser racional, para que no se presenten violaciones y vejaciones, como lo sucedido con mujeres en 2006 en el Estado de México.
