+ Revive IP pactitis para sacar últimos reformas en seguridad
+ Crimen organizado, delitos comunes y protestas forman huracán
+ Gran distancia entre De la Fuente y Medardo Serna
Por Martha Elba Torres Martínez
La tormenta delictiva que ha azotado a México y amenaza en convertirse en huracán categoría 5, reposicionó esta semana, esa vieja figura que desgastó el discurso político por incumplido: el pacto social e institucional.
Este lunes 10, en el Club de Industriales y en voz del presidente de la Coparmex, Juan Pablo Castañón, los organismos cúpula del sector económico del país: la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur); la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra); la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (Amis); la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), llamaron a un nuevo pacto por la seguridad en nuestro país.
Los argumentos -bastante sólidos, por cierto- se centran en tres fenómenos que han confluido: crimen organizado, delincuencia común y descontento social, asociados inevitablemente a la CNTE y normalistas, que a mediados de año le dieron al traste a la ya traqueteada economía del país.
Por eso, las estrategias y los esfuerzos para procurar un México en paz, no han funcionado y la ruta trazada no llevó a ningún lado, más que al enfurecimiento social.
Y comparto un dato que aportaron en la rueda de prensa, allá en la Ciudad de México.
De acuerdo a las cifras duras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el costo de la inseguridad y el delito en 2015, alcanzó una cifra de 236 mil millones de pesos, el 1.2 por ciento del PIB. Para los empresarios, este 2016 cerraría en 9 por ciento del PIB, es decir, un billón 632 mil mdp.
Y no hablan a lo tarugo. Se registra un robo brutal de camiones y productos, en carreteras; saqueos de mercancía a los contenedores de tren; asaltos con violencia a negocios, secuestro de empresarios, agricultores y profesionistas, y todavía el costo de los seguros y pólizas. Hay que sumarle el daño a la economía que provoca la delincuencia tolerada…
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Pero esta propuesta de un Pacto por la Seguridad –decía- no es nueva.
El 26 de octubre de 2014 y luego de los acontecimientos en Iguala, Guerrero, el entonces presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Claudio X. González, urgió un Pacto por México en materia de seguridad.
En el marco de la Cumbre de Negocios de ese año, señaló que lo sucedido con los normalistas de Ayotzinapa y los Abarca, solo es reflejo de la corrupción e impunidad que reina el país y “eso ha impedido que vayamos para adelante de una forma muy sustancial. Tenemos que enfrentarlo y empezar a actuar sobre él de una forma muy muy decidida”.
Sin un Pacto de Seguridad –agregó- nada va a funcionar.
Y los Poderes Ejecutivo y Legislativo respondieron. Así nació el Sistema Nacional Anticorrupción, cuyas leyes fueron promulgadas apenas en julio pasado y hoy, por lo menos, ya hay tres ex gobernadores en capilla: Javier Duarte, Guillermo Padrés y Rodrigo Medina. Aunque los Moreira de Coahuila y Eugenio Hernández y Tomás Yárrington de Tamaulipas, siguen quitados de la pena.
El propio Silvano Aureoles, entonces presidente de la Cámara Baja, se sumó a la necesidad de un pacto contra la violencia. “Pero debe ser de inmediato y que no solo quede en declaraciones mediáticas o expresiones de buena voluntad”, dijo.
Planteó que en la realidad, 90 por ciento de los municipios no cuentan con las condiciones ni la viabilidad para atender la problemática de la seguridad, por lo que había que fortalecerlos con más recursos, tema que retomó este año con su propuesta de replantear la Ley de Coordinación Fiscal.
Esa ocasión, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, dijo que se sumaría al Pacto, si éste contendría compromisos serios, claros y medibles, y no sólo aspectos cosméticos.
Para Ricardo Monreal, entonces coordinador de Movimiento Ciudadano y hoy delegado capitalino por Morena, aseguró que el acuerdo nacería muerto porque es excluyente, faccioso y estaría suscrito por los mismos que firmaron el Pacto por México, que aprobaron las reformas que han afectado al país. Pura diatriba política.
Aun así, las fuerzas políticas representadas en el Senado, lograron sacar el 17 de junio de este año, diversas reformas constitucionales a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que otorga facultades a los gobiernos de los estados, de intervenir el mando de las corporaciones policiacas municipales, en casos de fuerza mayor y en condiciones de gravedad delincuencial.
El dictamen se aprobó con el voto a favor de 102 senadores, 6 en contra y 2 abstenciones. La minuta se remitió a la Cámara de Diputados, pero es fecha que no sale. Hoy, el Pacto que propone la IP es para que voten de una vez, así como definir de una vez la participación de las fuerzas armadas en la seguridad interior nacional…
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Y esto viene al caso, porque abortada la sesión del miércoles 12 en el Congreso por falta de quorum, la bancada tricolor convocó a rueda de prensa para servirse con la cuchara grande en el tema de inseguridad y con esa misma tupirle al gobernador Aureoles.
Tampoco fue casualidad, el desplegado de los empresarios integrados en la Fucidim del lunes 10, en el que le pedían al presidente Peña, al de Segob y a Silvano, la reanudación de las reuniones plenarias de las mesas de seguridad con autoridades federales y estatales, en aras de mantener una interlocución en la búsqueda de soluciones para que Michoacán alcance la tranquilidad anhelada.
Y es que un tema en particular, trae de muy mal humor a los empresarios locales. Que no son precisamente los malandros, sino el autismo gubernamental frente a la CNTE y normalistas.
Le reclamaron al gobernador y con mucha razón, que no aplique la ley ni imponga el Estado de Derecho como lo ofreció en campaña. Eso –señalan en el desplegado- pone en riesgo la gobernabilidad y sus inversiones. En otras palabras, los de la CNTE no trabajan ni dejan trabajar. Pero eso sí, reclaman sus quincenas puntuales…
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Y sucede lo mismo con la toma de la Universidad Michoacana que va ya para los 50 días. Me llama poderosamente la atención, que mejor los chavos de Medicina hayan intentado por la fuerza recuperar su Facultad –cosa que tampoco es nuevo-, que todos los nicolaitas del estado salgan a defender su alma mater.
Y comienzo con el débil rector Medardo Serna, que se resiste asumir el costo político del desalojo. Pero ¿qué hizo el rector Juan Ramón de la Fuente en el 2000, por la ilegal huelga estudiantil en la UNAM? Tuvo los pantalones y el carácter para autorizar junto con el Consejo Universitario, el desalojo. ¿Y qué pasó? Pasó a la historia como el rector que defendió a nuestra Universidad. A la fecha, sigue siendo un doctor respetado y respetable.
Pero a Medardo le falta mucha estatura. Y no me refiero a la física, sino a la vocación de asumir los riesgos que implica sustentar la Rectoría de una institución educativa.
Que si hubo putazos –como se dice coloquialmente- en CU ese 3 de febrero del 2000. Sí. Que siempre hay manos negras que alimentan estos movimientos, sí. Y que a la Universidad Michoacana le ha faltado un rector que realmente la respeta, también…
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Y sobre el tema, me refirió la diputada local y doctora Rosamaría de la Torre, que husmeara en los tiempos del rectorado de Genovevo Figueroa Zamudio, para descubrir quiénes están detrás de este movimiento contra la Michoacana.
Yo me acuerdo que eran común, las autotomas y movimientos por los momentos en que transitaba la reforma académica, normativa y administrativa, evento que inició en 1971 y culminó hasta el 86.
En la época de Genovevo (1976-1979) se les atribuían todos los desgarriates a dos muy cercanos del rector: a Carlos Ávila “El Popochas” y Humberto Arroniz “El Jarocho”. Geno fue diputado federal, gobernador interino, senador y hasta embajador. En 2001 renunció al PRI y desde entonces ha transitado en la izquierda en paracaídas.
Dicen que particularmente “El Jarocho” está detrás de este movimiento de la CUL. Sin embargo, es atípico, por dos elementos que no se habían expuesto en años anteriores: la intromisión de normalistas y comunidades indígenas como la de Pichátaro que ya quemó las puertas de Palacio de Gobierno en las meras narices de policías.
Carlos Ávila está retirado y va al PRI cuando lo llaman. Humberto, como que ya esta ruco para andar en esos menesteres
El tema, que todos exigen ¡fuera manos negras de la Universidad! “Por todos conocidas”, señaló la diputado de la Torre. Pero los nombres siguen en la especulación…
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