Juan Antonio Magallán / Primera Plana
Morelia, Michoacán.- La colocación de concreto hidráulico en la Calzada Juárez, entre las intersecciones de avenida Camelinas y Solidaridad, “es inservible”. En ese segmento se detectaron severas deficiencias técnicas y de calidad que han derivado en la fragmentación del concreto, por lo que obra una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en contra de exfuncionarios municipales del Ayuntamiento de Morelia, titulares de la empresa constructora y contra quien resulte responsable.
El recurso jurídico promovido ante la PGJE, podría configurar un delito de fraude, pues la empresa constructora que ganó la licitación (RYMSA), incumplió los términos del contrato y utilizó 70 por ciento menos material del técnicamente necesario. Las sanciones podrían ser de tipo corporal (prisión para los que resulten responsables); pecuniaria, es decir imponer una multa por cometer el presunto delito y/o pecuniaria de reparación de daño, esto es, volver a construir la obra, pero ello se determinará hasta que concluya el proceso.
Las cifras y datos que reporta Eduardo Sánchez Cárdenas, director de Asuntos Jurídicos, Civiles y Penales del Ayuntamiento de Morelia, son contundentes respecto de la construcción de una de las “obras estrella” del gobierno de Wilfrido Lázaro Medina. Los nombres de los presuntos responsables se los reserva el área jurídica, en la entrevista con primeraplananoticias.mx.
Materiales alterados al 30%, causa de fragmentación del concreto
El funcionario municipal asegura que en la construcción de la obra que inició durante la anterior administración encabezada por el ahora diputado local del PRI, Wilfrido Lázaro Medina, “debe volverse a hacer”, ya que la empresa responsable diluyó los materiales a niveles que hoy se tiene una obra a punto de colapsar. “En vez de utilizar un 100 por ciento de concreto, usaron un 30 por ciento”, detalla Sánchez Cárdenas.
El encargado de asuntos jurídicos del Ayuntamiento refiere que luego de que la Contraloría municipal detectó que hubo deficiencias en la proporción de materiales de debían aplicarse, esto tras realizar pruebas de laboratorio al concreto, se turnó el caso al cuerpo jurídico municipal, que decidió integrar la carpeta y presentar una denuncia de carácter penal ante la PGJE.
“Los materiales que se involucraron en la obra fueron de muy baja calidad, los materiales extraídos no pasaron las pruebas de resistencia, detectamos que se rebajaron y en lugar de usar un 100 por ciento del concreto necesario, se usó un 30 por ciento”, expuso.
El proceso legal
El proceso jurídico está en manos de la PGJE, la denuncia se presentó hace 90 días. Ahora los peritos de la Procuraduría tendrán que ratificar los dictámenes periciales presentados por el cuerpo jurídico del Ayuntamiento.
“Estamos en el momento de la espera de la ratificación por parte de la PGJE; es decir, el Ministerio Público debe realizar pruebas de laboratorio, deben corroborar la información que les hicimos llegar”, explica el abogado Sánchez Cárdenas.
El siguiente paso consistirá en determinar si hay o no responsabilidad. En caso de que exista, se citará a audiencia de conciliación a los implicados, exservidores públicos, titulares de la empresa y quien resulte responsable, para buscar las opciones de resarcimiento total del daño, esto es: la reconstrucción de la Calzada Juárez.
En esa etapa del proceso se determinarán los daños y perjuicios. En cuestión de daños, se podrá especificar la sanción en contra de los responsables; esto es el costo de la obra, y los perjuicios radican en que se tendría que hacer nuevamente la construcción.
Sánchez Cárdenas confió en que el proceso legal esté terminado entre los meses de enero y febrero del 2017, para entonces sí, el caso sea turnado a un juez y proceder a las sanciones correspondientes.
Problema mayúsculo: no estaban integradas las carpetas
Como tema coyuntural, el abogado del Ayuntamiento de Morelia informó que al iniciar la actual administración, en la Dirección de Asuntos Jurídicos, Civiles y Penales, las carpetas de los casos llevados, entre ellos, los de obras públicas, estaban mal integrados o con documentos “extraviados”.
“En la mayoría de las obras, las carpetas técnicas de la obra estaban mal integradas, los paquetes no estaban completos, además de que las fianzas no se habían ejercido, y nos dimos a la tarea de recomponer la información que se requería para determinar si se ejercía acción en contra de las empresas, así como de exfuncionarios que tienen responsabilidad”, dijo.
Exfuncionarios implicados, los que firman
Eduardo Sánchez Cárdenas resalta que todo aquel exfuncionario que haya firmado documentos que dictaminen finiquitos, conclusión o pago de la obra de la Calzada Juárez estarían implicados en la averiguación de la PGJE.
“No podemos decir quiénes ni cuántos funcionarios están implicados, lo único que se puede resaltar es que son aquellos que firmaron finiquitos o dan por concluida la obra o hayan ordenado el pago de la misma, no se puede decir cuántos, pero sí hay varios”, adelanta.
El funcionario municipal refiere que los exfuncionarios implicados podrían ser directores de áreas operativas de la extinta Secretaría de Obras Públicas (SOP), e “inclusive podría alcanzar a secretarios”, o de otro nivel.Monto del resarcimiento, por precisar
Referente a los montos de sanción que implicaría el resarcimiento del daño, el responsable Jurídico del Gobierno Municipal expone que se está valorando esa situación, sin embargo señala que “la obra prácticamente se tiene que volver a hacer, levantar concreto, volver a compactar, eso te lo digo a grandes rasgos, pero la obra es inservible”, expone.
La denuncia penal presentada ante la PGJE, podría derivar en fraude porque la empresa que ganó la licitación (RYMSA) no cumplió con los términos del contrato, y utilizó 70 por ciento menos material del técnicamente necesario. Las sanciones podrían ser de tipo corporal (pena de prisión para los que resulten responsables), pecuniaria, es decir imponer una multa por cometer el presunto delito y/o pecuniaria de reparación de daño, es decir, volver a hacer la obra, pero eso se va a determinar hasta que el proceso concluya.
