Por sus métodos, que ya no pueden ser calificados como vandálicos, sino de auténticos delincuentes y/o subversivos con previo adoctrinamiento y adiestramiento para el choque y la desestabilización, los grupos de embozados y porriles que han hecho del sistema educativo su trinchera, debieran ser sancionados con todo el peso de la ley.
Su activismo y actos de intimidación a los ciudadanos y de provocación a las instituciones representan un serio peligro ya no sólo para el sector educativo -al que en el caso de Michoacán lo tienen hundido-, sino para la estabilidad política y económica de la entidad. Ya dejémonos del cuento de que se trata de “jóvenes estudiantes” que luchan en defensa de “la educación popular” y toda la demás palabrería que se avientan en sus órganos de difusión.
Se trata de grupos violentos que apuestan por la violencia con fines evidentemente políticos y que han hecho de sus trincheras fuentes de financiamiento para sus actividades, que nada, !absolutamente nada!, tienen que ver ni con la educación ni con el apoyo a los jóvenes que verdaderamente buscan una alternativa educativa y/o de capacitación para el trabajo.
Patrañas de supuesto “progresismo” también resultan los planteamientos que algunos se atreven a hacer de que se trata de movimientos de lucha por la educación pública. Resulta ya hasta ofensivo para la población que se sigan sosteniendo y presentando este tipo de argumentos.
Es el caso de lo que está pasando en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y la enésima aparición violenta de grupos identificados como normalistas que ayer volvieron a bloquear carreteras, incendiar vehículos privados y protagonizar enfrentamientos con los cuerpos policiacos del estado.
Lo que ocurre en la Universidad es deleznable por donde quiera que se le vea. Y no es posible seguir tolerando que grupos de parásitos del sistema, como la CUL, mantengan el control absoluto sobre las casas de estudiantes; usen los procesos de admisión a preparatoria y licenciatura para mantener sus prerrogativas y clientela, y atenten y colapsen la actividad académica, de investigación y administrativa de la institución.
Las imágenes que se han visto y relatado durante estos días, son patéticas; el daño a la universidad es incuantificable, pues no sólo se pierden recursos -que por lo demás, son millonarios-, y los escenarios que se vislumbran hacia el futuro, de seguir las cosas así, son poco menos que desastrosos.
En el caso de los grupos que se han adueñado de las normales rurales de Michoacán, ya hemos dicho en este espacio, debe ser visto y atendido coordinadamente por los gobiernos federal y estatal, a partir del reconocimiento de que puede convertirse en un problema de seguridad para el Estado mexicano.
No es una exageración. Hay que subrayarlo y recordar lo que ocurrió en Iguala, Guerrero, hace dos años.
Ahí está el dilema. Y lo más grave: muchos están jugando con fuego, porque del incendio viven.
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