Alejandro Amado.
Morelia, Michoacán .- El dirigente estatal del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, externó su sospecha de que los dos testigos que la Procuraduría está protegiendo y busca sacar del país por presuntas amenazas, son en realidad responsables del homicidio de diez personas en los límites de los municipios de Cuitzeo e Indaparapeo, caso por el que permanecen vinculados a proceso el expresidente municipal de Álvaro Obregón, el subdirector de Seguridad Pública Municipal y tres elementos de policía.
“Lo digo con toda claridad: mi sospecha es que esos dos son los que hicieron el crimen, y como ya le echaron la culpa a otro, ahora hay que esconderlos, hacerlos que se vayan, para que ya no haya testigos. Lo más grave es que esa ruta nos va a dejar en la impunidad del crimen, porque si no lo hizo el presidente, como acusan, y estos quieren esconder a los que sospechamos que lo hicieron, ¿qué es lo que está ocurriendo? Por eso es grave que el gobernador no ponga orden”.
“El área de Seguridad Pública tras descontrol, trae desorden. ¿Por qué la prisa de la Procuraduría porque estos señores se vayan a Estados Unidos? Lamentable que así esté la procuración de justicia. Lo que hay que preguntarle es ¿quién le informa para que él salga a los medios sin tener la versión correcta? Porque luego se revierte, y allí están los hechos. Se ve un gobernador que no tiene control sobre la procuración de Justicia”, declaró el dirigente del PT.
En cuanto al sustituto del exedil, recordó que de continuar el proceso penal para el exedil, el 1 de noviembre el Congreso tendría que definir a un candidato de la terna que el partido proponga, situación para la que pidió paciencia a los legisladores locales, pues “parece que hay algunos que desconocen la ley y quisieran que fuera ya”, sostuvo.
Por su parte el abogado defensor del exmunícipe, Ignacio Mendoza, precisó que la representación legal no tiene sospechas, sino un planteamiento de acuerdo a elementos que no encajan.
“La defensa no tiene sospecha, la defensa lo que plantea es un contexto que no está ajustado a la norma. Y que es raro, no es lo común que se quiera inmediatamente después de iniciada una investigación archivar con respecto a dos personajes, y con esa circunstancia pretender quitarles su calidad de imputados. Ellos siguen siendo imputados, aunque haya un archivo; el archivo es porque no han querido encontrar más elementos o datos de prueba con respecto a estas personas”, sostuvo.
Calificó como un exceso en atribuciones del juzgador la determinación, ya que sin mayor reflexión y de forma excepcional se violenta un proceso penal para beneficiar a dos involucrados, que son Marco Antonio F., comandante de la Policía Ministerial y Marín M., director de Seguridad Municipal, quienes se presentaron a declarar 48 horas después de los hechos.
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