Vaya lío en el que está metido el PRI y el presidente Enrique Peña Nieto por los casos de presunta máxima corrupción de algunos de sus gobernadores. El más sonado y que acapara los reflectores es el veracruzano Javier Duarte de Ochoa, cuyo expediente será hoy revisado por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria (así se llama) del priismo, que determinará si se le suspenden sus derechos, o lo que es lo mismo, si procede la expulsión de sus filas.
Cualquiera que sea la decisión, provocará una revuelta y sacudida dentro de las filas del tricolor, que impactará en su futuro inmediato.
Por un lado, no faltan las voces que en público y en privado advierten que un eventual castigo a Duarte de Ochoa dará, no parque, sino auténticos misiles a los otros partidos; advierten que significaría poner en bandeja lo que queda de las posibilidades de su partido para los comicios del Estado de México el próximo año y los presidenciales del 18.
Sobre todo, dicen los aún fieles de la ortodoxia priista, porque en la lista siguen al todavía gobernador de Veracruz, el quintanarroense Roberto Borge, el chihuahuense César Duarte y las acusaciones que ya se dirimen en tribunales que pesan sobre el ex mandatario de Nuevo León, Rodrigo Medina. Más los que se acumulen.
Los priistas saben que si entregan sangre, más sangren habrán de poner. Sus opositores no los soltarán. Pedirán más. Y ni el PRI ni el gobierno federal tienen hoy margen para contrarrestar la andanada que se les espera.
Pero no sancionar a Duarte de Ochoa y optar por el encubrimiento matizado de los señalamientos de alta corrupción que pesan sobre él, acaso seria peor para el PRI. Porque son gravísimas las acusaciones que se le han hecho y documentado en diversos medios y porque sería el reconocimiento, implícito y explícito, de que los priistas se resisten a cambiar, se resisten a cumplir lo que tanto prometen y que prefieren la complicidad entre los suyos, antes de la transparencia y la rendición de cuentas, factores que ya los hundieron en las eleciones estatales de este año y que los tienen muy lejanos de las preferencias ciudadanas.
Además, el salvoconducto partidista a la impunidad del veracruzano, se le cargará irremediablemente a la cuenta del presidente Peña y de su gobierno, de por sí mal calificado.
La oposición y sus críticos -que no son pocos- tendrán misiles de largo alcance y le revivirán a Peña cada uno de sus pesares. No falta quien asegura que sería la declaratoria anticipada de su derrota en el 18. Y llegar a ese destino con esas cargas, sería una derrota con tintes de catástrofe.
Los priistas y Peña Nieto están en su encrucijada. Cualquier decisión que tomen, lo saben, será de alto costo electoral. Pero las señales de una y otra son completamente distintas. Acaso una de ellas, la del honor y de que no todo se les pudrió.
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