Con la fuerza de la legitimidad ganada en las urnas y el respaldo del gobierno federal, Silvano Aureoles hizo lo políticamente correcto desde el primer día de su gestión: comprometer la credibilidad y confianza de su gobierno a los temas más sensibles para los michoacanos: seguridad, educación, manejo responsable de las finanzas y rompimiento con las inercias que habían provocado el estancamiento económico y social de la entidad, entre ellas, y hay que decirlo, la violencia política.
No había ni hubo engaño. Tampoco había de otra. Todos sabíamos, por lo demás, que la vara se ponía alta. Y aunque las criticas hoy puedan ventilarse, desde las diversas trincheras políticas, académicas y de investigación, hubo desde un principio plena coincidencia: superar los males diagnosticados en Michoacán requeriría de tiempo.
Suponer que añejos y complejos problemas como el de la delincuencia tendrían soluciones al corto plazo, era algo más que ingenuidad; creer que no habría resistencias para meter orden en el sector educativo, arrebatarle a la CNTE y sus aliados el control y presión sobre el sistema y, además, poner un alto a la fuga de recursos y déficit financiero que ello implica, hubiera sido casi el suicidio político.
¿Qué se ha hecho? ¿Cuáles han sido los avances? Medirlos y cuantificarlos será momento y espacio de otra entrega; sí resulta pertinente para el análisis partir de tres fundamentos básicos que se pierden entre las estadísticas y los acontecimientos que ocupan los espacios noticiosos: la necesidad de recomponer el tejido social, desterrar patrones de conducta -corrupción e impunidad- desde arriba hacia abajo y superar los escenarios de confrontación y división que por muchos años entorpecieron el ejercicio de gobierno y mermaron la capacidad del entendimiento institucional.
Silvano sabe -lo ha dicho y lo dice- que si no se aplican programas sociales para el combate a la pobreza y de acceso a los bienes y servicios de bienestar para la población, será más difícil el combate a la delincuencia; tender proyectos dirigidos a la generación de oportunidades laborales y educativas en las comunidades y regiones del estado donde el crimen organizado se asentó y llevar programas como los relacionados a la lucha contra la violencia intrafamiliar y la prevención de las adicciones, son tareas impostergables.
En su mensaje de toma de posesión, estableció muy claro ese compromiso y convencimiento. Sabe el gobernador que sin esos fundamentos básicos, las acciones y operativos militares y policiacos están cojos; tal vez condenados al fracaso.
Lo mismo si los cimientos construidos a lo largo de este primer año no conducen ni permiten el desarrollo de escenarios y prácticas de gobierno que den mayor certeza jurídica a los ciudadanos. El combate a la corrupción y la impunidad hoy ya no es una demanda, sino un clamor, que si no se escucha y atiende podría hacer naufragar no sólo los programas sociales, también cualquier intento de convertir a Michoacán en un polo atractivo para la inversión generadora de empleos.
Finalmente, la recuperación de las instituciones y su buen funcionamiento resulta indispensable para superar las inercias que durante los pasados 10-15 años provocaron el estancamiento económico y social de Michoacán.
Hecho el diagnóstico por el mismo en su mensaje de toma de posesión, Silvano se puso en ruta de empezar una nueva historia. No perder el rumbo, implica también el compromiso y el respaldo de las otras fuerzas políticas y sociales de la entidad.
La confrontación, convertida en algunos periodos recientes en auténtica violencia política, no debe tener más cabida.
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